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Por Jorge Lapeña
En la primera década del nuevo siglo en Argentina, se hizo cada vez más común y más tolerado por las autoridades la toma de espacio público para dirimir conflictos sociales, gremiales, estudiantiles, y para efectuar protestas de diversa índole. La idea común a todas estas manifestaciones era que tomando el espacio público (una ruta nacional, una calle céntrica, una escuela), o un bien público (un ferrocarril, un aeropuerto) e impidiendo a muchos el uso del espacio o del bien público se hacen visibles los reclamos, y consecuentemente se encara la resolución de los problemas que desencadenaron el conflicto.
Este fenómeno estuvo acompañado de una tolerancia oficial infinita con la protesta, bajo un lema erróneo impulsado por el propio gobierno desde 2003 en adelante: la protesta no debería ser criminalizada y por lo tanto debería ser tolerada de todas las formas en que la protesta se materialice.
En forma errónea se postulaba que orden era igual a autoritarismo, y autoritarismo era sinónimo de dictadura, por lo tanto, orden era sinónimo de dictadura. Bajo ese paraguas conceptual las autoridades constituidas toleraron la protesta, pero además los métodos de la protesta, cualesquiera que estos sean. El estado perdió así -de hecho- el control del espacio público
El fantasma que dio cobertura a esta falacia fueron los asesinatos por fuerzas policiales de los militantes de izquierda Kostecki y Santillán de las cuales se acaban de cumplir 10 años y que lamentablemente no serían las últimas muertes que veríamos los argentinos.
El error en que a mi criterio se ha incurrido en estos años fue confundir el concepto “criminalizar la protesta” con el hecho de que “el método elegido para la protesta puede ser delictivo o criminal”, que no es lo mismo. Puede haber protesta con métodos criminales y protestas con métodos normales.
Veamos un ejemplo: protestar gremialmente tomando un acueducto e impidiendo a una población acceder al agua potable, es un hecho criminal que puede tener consecuencias terribles para la salud de una población. Lo criminal no es en este caso la protesta gremial, que puede ser lícita; lo criminal es dejar sin agua a la población. Es obvio que ni la justicia ni las autoridades constituidas deberían permitir atropellos de esta naturaleza.
El máximo de esta errónea política oficial en estos años fue el corte del puente internacional Fray Bentos-Puerto Unzué con el Uruguay a raíz del conflicto con la papelera Botnia. Argentina toleró el corte, las autoridades policiales y las fuerzas de seguridad no restablecieron la circulación ante la indiferencia de la autoridades políticas. Cuando la justicia ordenó desalojar el puente, un ministro de la Nación con máxima autoridad sobre el tema declaró que “la orden del juez era de cumplimiento imposible”.
LA PROTESTA GREMIAL Y LA PRODUCCIÓN DE PETROLEO
El 30 de Junio pp. se conoció un comunicado de la empresa Pan American Energy en el cual la compañía hace un pormenorizado balance de la situación en el yacimiento de Cerro Dragón en Chubut, a 9 días de la ocupación del yacimiento por parte de operarios que realizaron una toma violenta en el marco de un reclamo de índole gremial.
El panorama es complejo y según la empresa, transcurridos 9 días desde la toma se verifica que:
La empresa denuncia que “ha enfrentado las condiciones más adversas que se le hayan presentado en toda su historia, y -muy importante- que no contó con el auxilio de fuerzas de seguridad de la Provincia, como para evitar la toma de sus instalaciones”.
Tampoco obtuvo una rápida intervención para reponer en tiempo real el control de la empresa sobre instalaciones estratégicas para la Provincia y la Nación. Y luego de haberse retirado los ocupantes ilegales, dejando tras de sí instalaciones devastadas, no hubieron fuerzas de seguridad que garantizaran el tránsito entre Comodoro Rivadavia y Cerro Dragón.
La empresa sostiene “que tampoco hubo jueces que acogieran las denuncias y procedieran a la aceptación de su competencia, que investigaran rápidamente las pruebas recogidas y detuvieran a quienes resultaran los más evidentes responsables. Al día de hoy, no se imputó ni se tomó declaración a persona alguna”
Estos hechos son gravísimos, y se suman a las tomas de yacimientos del año pasado en las provincias de Santa Cruz y Chubut que tuvieron como blanco a la empresa YPF, y que son responsables de una caída productiva sin precedentes por su magnitud en la producción de hidrocarburos en Argentina en el año 2011.
CONCLUSIONES
Los hechos ocurridos en el Yacimiento de Cerro Dragón son inadmisibles en una República moderna; están reñidos con la Democracia y con el Derecho. Son delitos que no deben quedar impunes.
La dirigencia política debe denunciarlos y combatirlos, como formas aberrantes de la protesta. Es necesario esclarecer a la ciudadanía que la libertad de cada uno tiene límites impuestos por la libertad y los derechos de los demás ciudadanos.
Todo esto nos introduce en un nuevo y hasta ahora no abordado problema en nuestro país: el de la seguridad de las fuentes de energía frente a riesgos de diferente tipo. Riesgos que si bien pueden tener baja probabilidad de ocurrencia no son imposibles, y cuya ocurrencia puede tener consecuencias irreparables para la Nación. Nos estamos refiriendo a los riesgos de ataques (terroristas, militares, turbulencias sociales, etc.); y de su prevención, que en una sociedad cada vez más compleja preocupan a todos los gobiernos modernos del mundo. Argentina no debería soslayar estos temas.