Vaticinan fuerte impacto económico para distribuidoras de gas y electricidad

La pandemia de coronavirus agravó la crisis que ya venían teniendo las empresas distribuidora de gas y energía eléctrica. Ahora, las mismas apenas cobran el 30 por ciento de lo que facturan, y el mayor impacto está en la distribución y transporte de estos recursos.

Alejandro Einstoss, economista, consultor en energía y servicios públicos, e integrante del Instituto Mosconi, delineó por LT10 un panorama preocupante para el sector.

Los inconvenientes venían de arrastre: antes de la crisis sanitaria y el aislamiento preventivo y obligatorio, las distribuidoras de gas y energía habían retrasado los pagos a las generadoras. Einstoss recordó, por ejemplo, que en el caso de la Empresa Provincial de la Energía, esta aumentó sustancialmente la morosidad y durante meses acumuló una importante deuda por la venta de energía.

“Luego llegó la pandemia y a partir de ahí se sumó el retraso de pagos, que hace que ahora la gente, las industrias, los comercios y la clase media haya postergado el pago de servicios priorizando otros gastos esenciales”, apuntó.

Además, para las distribuidoras implica la existencia de escasas penalidades para quienes no abonan: aunque la ley es muy estricta en la práctica no, cuestión que pone a estas compañías en una verdadera encerrona.

“Hay un hueco enorme de medidas para micro, pequeñas y medianas empresas, comercios y clase media que nunca accedió a la tarifa social; además hay que prestar especial atención a las cooperativas eléctricas, que ya venían con problemas financieros”, explicó el especialista.

Invierno

Con respecto al consumo durante el invierno que se viene, Einstoss descartó problemas para el normal abastecimiento de recursos energéticos, ya que la demanda se contrajo. “Va a sobrar energía, va a sobrar gas, pero sí tendremos problema en la sustentabilidad económica de las empresas que prestan el servicio”, advirtió.

En ese sentido, consideró que, tanto las empresas distribuidoras como las cooperativas necesitarían una especie de “salvataje” porque no tendrían recursos para afrontar los gastos básicos de funcionamiento en lo que resta de 2020.