Unidos es pensar juntos, no pensar igual

Hace más de diez años en la Argentina, el sector energético atraviesa serios problemas y carece de una política de largo plazo que nos permita, con previsibilidad y seguridad jurídica, proyectar la producción y el crecimiento sostenido y sustentable.

En esta economía mundial afectada por una crisis sanitaria, humana y económica sin precedentes, y frente a los efectos de las medidas de mitigación o supresión, según cada país, el dato objetivo nos muestra una abrupta caída en el consumo de los combustibles cercana al 80%.

Esta crisis del sector no sólo está determinada por esa caída del consumo, sino también por un factor político como los problemas entre la OPEP, Rusia y otros grandes productores. La caída de la demanda por la reducción inmediata del consumo se estima que continúe hasta fin de año.

En este contexto mundial cabe preguntarse cuál será el abordaje en la Argentina de la problemática a nivel local. Sólo para tomar dimensión, del sector dependen más de 50.000 puestos de trabajo directos y miles indirectos en polos industriales y de servicios.

Para el Presidente, “la riqueza de las naciones está en el conocimiento, no en el petróleo”, ¿con este concepto pretende instalar como incompatibles una actividad productiva, como la petrolera, con otra actividad que también genera progreso y riqueza como la economía del conocimiento? Nuestros científicos, programadores, ingenieros e industrias utilizan equipamiento y suministros con un gran componente de derivados del petróleo. Ignora que hoy en el país el mayor aporte de generación eléctrica proviene de energía térmica.

En un rápido diagnóstico, el país produce 186 millones de barriles al año. De eso se exporta sólo 17 millones de barriles. Con la caída en la demanda, y precios de producción muy lejanos al precio de referencia mundial (u$s 25 bbl), la crisis del sector deviene evidente.

Entonces ¿cuáles son los posibles paliativos a esta situación? ¿una solución que contemple la caja de las productoras y/o de las refinadoras? ¿una que atienda en la inmediatez sólo al consumidor y no la sostenibilidad de la producción? ¿o sostener la actividad a fuerza de subsidios con una significativa transferencia de recursos de un Estado Nacional y Estados Provinciales que no los tienen? Nada considerado aisladamente sería una solución, sino meros parches puestos a fuerza de lobbies y en desmedro del sistema.

Entre estas propuestas ha cobrado fuerza el pedido del “Barril Criollo”, que no es otra cosa que la fijación de un precio sostén, en el caso que lo fijado sea un piso (u$s 50/54 bbl pedido por la OFEPHI) o un precio topeado como el que hoy tenemos, por aplicación de un techo a través de las retenciones impuestas a la exportación.

Es decir, en la Argentina desde 2002 tenemos Barril Criollo en alguna de sus dos variantes, una conjugación de ambas sería totalmente contradictorio. Sin perjuicio de ello, esa experiencia nos demostró que en el caso del precio sostén implica una fuertísima transferencia de recursos de consumidores. En ese escenario todos los argentinos deberán hacer un gran esfuerzo para sostener la actividad, sin garantía de que ello signifique un mantenimiento de las inversiones y de los puestos de trabajo.

Por otra parte, el Barril Criollo de precio topeado por las retenciones a la exportación del 12% (8% según Ley 27541), resulta insostenible y en ese sentido es que, desde la Cámara de Diputados, el diputado de la UCR Gustavo Menna, presentó un proyecto de Ley que acompaño proponiendo la suspensión de dicho tributo.

Otras opiniones fundadamente se enrolan en la alternativa de “baja de los precios” del combustible en el surtidor, debido a que su principal materia prima experimentó una brutal caída en sus precios.

Una alternativa, a mi criterio más viable que la anterior, consiste en acoplarnos al precio internacional del crudo con un costo aproximado de u$s 495 millones, mientras que se liberarán recursos para el consumo en al menos u$s 840 millones, colaborando en la reactivación productiva y económica del país, a través de un precio menor de los combustibles para el consumo, la industria, el transporte.

Pero no podemos dejar de lado que en esta coyuntura hay factores exógenos que condicionan la caída de la demanda: la pandemia y las medidas destinadas a su control. Por lo tanto, no hay proyección certera respecto al recupero del consumo y, por ende, del precio de referencia internacional, con riesgo en el sostenimiento de la actividad y sus puestos de trabajo.

Por qué no pensar entonces en una alternativa intermedia, que no implique un divorcio entre el precio de nuestro barril y el precio de referencia internacional, entendiendo que estamos ante un commodity respecto del que la Argentina está muy lejos de ser formador de precios, y sabiendo que la consecuencia de esa ficción es una brutal transferencia de recursos recae en todos los argentinos.

La Ley de Hidrocarburos vigente, faculta al Ejecutivo a fijar los precios de comercialización en el mercado interno de los petróleos crudos.

La fijación de un precio de referencia que contemple los costos eficientes; combinado con un mecanismo de compensación de las contribuciones; la suspensión de las retenciones a la exportación y una suspensión del impuesto a los combustibles que impactaría positivamente en el bolsillo del consumidor, podría ser la alternativa que permita el tránsito a una reestructuración del sector productivo petrolero que sin duda debemos proyectar seria y responsablemente desde el Congreso de la Nación.

(*) La autora es Diputada de la Nación de la UCR por la provincia de Mendoza.