Una decisión inoportuna

La contratación de grupos electrógenos bajo el programa generación de energía distribuida que encara la empresa estatal ENARSA en la última etapa de la gestión gubernamental que concluye el 10 de diciembre aparece como un hecho significativo que debe ser objeto de especial atención por parte de la sociedad. Esta licitación admite dos interpretaciones: o es un hecho impuesto por la emergencia eléctrica extrema nunca reconocida por la administración saliente, o es un pretexto para esconder detrás de ella intereses inconfesables.

En el segundo semestre del año pasado la empresa ENARSA convocó a la licitación del GEED VII (Generación Energía Eléctrica Distribuida) con el fin de contratar hasta 738 MW de potencia para abastecer diversos puntos críticos del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la provincia de Buenos Aires y la de Córdoba.

Sin embargo, no se conocieron resultados de la misma ni tampoco se llevaron adelante las contrataciones.

La modalidad de Generación Distribuida adoptada por el gobierno consiste en contratar la instalación de máquinas de porte reducido que consumen combustibles líquidos. A las empresas adjudicarías de los contratos se les otorga un contrato de monto fijo mensual. El Estado nacional es el que aporta el combustible y se remunera a la empresa por la cantidad de energía producida.

En la actualidad, la empresa ENARSA, a muy pocas semanas del cambio de gobierno, tendría los pliegos preparados para un nuevo llamado, el GEED VIII pero con algunos cambios significativos: se trataría de requerir la provisión de alrededor de 1.000 MW para abastecer las mismas áreas en alrededor de veinticinco puntos críticos. Pero ello implica que la provisión se componga de unidades de mayor dimensión, alrededor de los 40 MW cada una y se estima, teniendo en cuenta valores de otras adjudicaciones, que el costo alcanzaría los 30.000 US$/MW por mes.

Además, se desprenden otros elementos a considerar: máquinas de estas características difícilmente puedan estar en operaciones en menos de 180 días. Si a ellos se añade el tiempo para lanzar la licitación, la preparación de las ofertas por parte de los participantes, los estudios ambientales en los puntos elegidos, se entiende —con una visión optimista— que las máquinas podrían estar en servicio hacia junio o julio de 2016, con adjudicaciones antes de diciembre de este año.

Estos elementos de juicio nos llevan a formular las siguientes consideraciones:

• El tener que apelar a estas modalidades, típicas de emergencias, pone de relieve la carencia de planes de las autoridades sectoriales nacionales, con total falta de visión a mediano y largo plazo.

• Los equipos requeridos son máquinas térmicas que puedan funcionar con gas natural, pero como no es segura su provisión deberán ser duales, capaces de operar con gas oil.

• Teniendo en cuenta el tiempo necesario para instalar estas unidades, sorprende que se sigan privilegiando tecnologías térmicas de emergencia y de bajo rendimiento, cuando se podría haber resuelto la autorización de ofertas para parques eólicos, que oportunamente la propia ENARSA había convocado.

• Los plazos exiguos entre el llamado y las adjudicaciones hacen sospechar la existencia, una vez más, de capitalistas “amigos”.

• Pero por otra parte resulta inadmisible que, a menos de cuatro meses de un cambio de gobierno, se tomen decisiones que se harán efectivas a mediados del año que viene, asumiendo compromisos contractuales que comprometerán la futura gestión, cualquiera sea el ganador de las elecciones.

Por ello creemos que, de llevarse a cabo estas decisiones, deberán ser objeto de revisión, alerta que los eventuales oferentes deberán tener en cuenta.

Emilio Apud- Julio C. Araoz—Enrique Devoto- Alieto Guadagni-Jorge Lapeña-Daniel Montamat-Raúl Olocco.