Subsidios y tarifas, los desafíos del 2017

Las tarifas de servicios públicos impactan en todos y cada uno de los sectores económicos, generan distorsiones sobre la estructura general precios e inciden en las tasas de rentabilidad de la economía. Pero el aspecto más relevante para los policy makers es que presentan un grado de sensibilidad pública como ningún otro precio de la economía y las tapas de los diarios de los últimos meses dan prueba de ello.

 

La actual administración enfrenta la encrucijada de continuar financiando subsidios de magnitudes insostenibles con el objeto de cubrir los verdaderos costos de prestación de servicios, por los cuales se cobran tarifas irreales.

En su actual faceta, éstos subsidios tienen su origen en la Ley de Emergencia Económica –aún vigente–, que tras la traumática salida de la convertibilidad prevé la pesificación y suspensión de todos los mecanismos de ajuste tarifario previstos en la normativa vigente.

 

En este escenario de precios y tarifas congeladas y pesificadas, la producción de petróleo y gas comenzó a caer año tras año y las empresas de transporte y distribución de Gas Natural y Energía Eléctrica debieron enfrentar costos crecientes y absorber la caída de sus ingresos en términos reales, incluso a expensas de su patrimonio.

 

Como contrapartida, muchos usuarios gozamos durante más de diez años de tarifas de servicios públicos decrecientes en términos reales, pero con una calidad de servicio cada vez peor.

 

Esta diferencia entre tarifas congeladas y los reales costos de producir energía se financia con subsidios del Tesoro Nacional, que en el presupuesto nacional aparecen como transferencias económicas, las cuales en los últimos años han experimentado una evolución extraordinaria.

 

Para comprender la magnitud del problema es necesario mensurar el peso que hoy representan los subsidios.

 

De los 4,6% del PIB que representaron los subsidios totales durante 2015, el 90% (4,1%) se explican por subsidios a energía y al transporte.

 

El 12% del gasto total del Estado Nacional en 2015 se aplicó en subsidios a la energía ($175.261 millones). Este monto es equivalente a 3,5 veces el presupuesto asignado a universidades nacionales y más de cinco veces que a la asignación universal por hijo.

 

Este rubro, que observó un crecimiento exponencial –más de 160 veces en los últimos 10 años–, explica por sí sólo el 75% del déficit fiscal primario y si consideramos los subsidios al transporte transformaría el presupuesto nacional en superavitario.

 

Lo cual pone de manifiesto que los subsidios no son solamente un problema sectorial o microeconómico, sino que se han transformado en un problema macroeconómico de magnitud, cuya solución trascenderá el mandato de la actual administración.

La caída del precio internacional de la energía y el aumento del consumo de gas en un invierno riguroso, explicarán que 2016 finalice con un gasto real en subsidios similar a 2015.

 

 

 

 

Transcurridos nueve meses de 2016, durante los cuales la actual administración intento con éxito dispar actualizar las tarifas de los servicios públicos, una lección parece haberse aprendido, la solución a la hipoteca heredada en subsidios y tarifas debe encararse de manera gradual y así lo refleja el proyecto de presupuesto 2017.

 

Se propone para 2017 una reducción en los subsidios en general que pasan de representar 4,5% del PIB en 2016 a 3,5% en 2017. Esta reducción se explica en su totalidad por la reducción de los subsidios a la energía y se mantienen en igual nivel respecto 2016 las transferencias al transporte, en las cuales toman relevancia las transferencias de capital.

 

Por lo tanto, lograr reducir los subsidios a la energía en las magnitudes previstas, es crucial para poder alcanzar las metas presupuestarias 2017.  

 

Para ello será necesario no repetir errores del pasado en la determinación de tarifas eléctricas y de gas, las cuales deberán comenzar a reflejar el verdadero costo de prestación de los servicios pero  de manera gradual, progresiva y proporcional a la capacidad de pago de los usuarios.

 

 

Las necesidades de financiamiento del sector público nacional aparecen cubiertas para el año próximo, lo cual abre una ventana de oportunidad que permite al Estado Nacional financiar la gradual reducción de subsidios y actualización de tarifarias, que no deberíamos desaprovechar.

 

Al mismo tiempo, los “buenos modales” regulatorios con los cuales se actualicen y se apliquen las nuevas tarifas son muy importantes.

 

Finalizar la normalización de los Entes Reguladores (preferentemente antes que finalice la revisión de tarifas), instrumentar mecanismos de transparencia que eviten la captura regulatoria,  realizar las revisiones tarifarias de gas y electricidad respetando los mecanismos previstos en la ley vigente, finalizar la renegociación de contratos de concesión pendiente desde 2002, y facilitar el acceso a la tarifa social de quienes la necesitan, son algunos de los aspectos centrales a tener en cuenta para lograr la aceptación social de este programa.

 

Así las cosas, 2017 deberá ser un año durante el cual debería ser más importante avanzar en la reducción de subsidios, más que a la velocidad en que se logren reducir los mismos.