Renta petrolera

Los argentinos asistimos a un debate instalado por el gobierno nacional en torno a los recursos hidrocarburíferos. No podría ser de otra manera frente a una crisis energética que afecta un sinnúmero de variables macroeconómicas. Tal es así que los pronósticos más conservadores ubican la factura a pagar por los combustibles importados en torno de u$s 14.000 millones para este año.

El objeto de esta discusión entre la Nación y las provincias debería articular mecanismos comunes para que Argentina vuelva a transitar los caminos de autoabastecimiento que perdimos allá por el 2011.

Lejos de esto y de manera constante el kirchnerismo ha desconocido las verdaderas causas de la crisis y se ha dedicado a avanzar sobre los derechos que les asisten a las provincias productoras, que son las titulares del dominio originario y de su pleno ejercicio (C.N. art. 124 y ley 26197).

Sin embargo, a partir de la expropiación del 51 % de las acciones de YPF a Repsol, la Nación posee importantes concesiones. Sobre los 30.000 kilómetros cuadrados que abarca Vaca Muerta, YPF tiene derechos sobre 12.000

A partir de esto uno se pregunta qué es lo que se discute, ya que las provincias son indudablemente las dueñas del recurso y la Nación posee derechos sobre importantes áreas.

Sucede que lo que parece mucho en realidad no lo es tanto. Por un lado las provincias están limitadas por la imposibilidad de fijar el precio del gas y del crudo en boca de pozo, las retenciones a las exportaciones, la remisión de utilidades, etc. Por el otro, Nación también tiene limitaciones, ya que las concesiones que posee en la Cuenca Neuquina, por ejemplo, vencen en el 2027 de manera improrrogable -ya que las mismas fueron otorgadas por la ley 17319-, fecha en la cual esas áreas serán revertidas en favor de las provincias.

En lugar de promover la búsqueda de consensos, una vez más el gobierno nacional elige el camino de la confrontación, postergando la solución de un grave problema que nos afecta a todos.

En la superficie, pareciera que frente a este nuevo avance Neuquén adopta una posición que busca la obtención de una mayor porción de la renta sólo por una cuestión competitiva, y esto no es así.

Nuestra provincia debe defender sus recursos por varias razones. Porque la Constitución y las leyes le otorgan derechos. Porque se trata de recursos no renovables. Porque debe saldar los problemas económicos que posee y establecer condiciones para enfrentar una explosión demográfica que podemos imaginar a partir de las necesidades de mano de obra para el desarrollo de sus yacimientos y la actividad económica que se producirá a partir del mismo.

¿Cómo se puede encaminar este debate? Sólo hay un camino, el de establecer los consensos que se requieren para la construcción de una política de Estado como la que permitió a la Argentina autoabastecerse en materia energética por más de veinte años a partir de 1989, en el período en que gobernaba Raúl Alfonsín.

El radicalismo ha hecho su propuesta en el Congreso de la Nación presentando un proyecto de ley de hidrocarburos que reglamenta el artículo 124 de la Constitución nacional y reemplaza la vieja ley 17319. El proyecto ratifica el dominio de las provincias sobre los recursos alojados en su territorio y el de la Nación sobre la plataforma continental, creando una Agencia Nacional de Hidrocarburos que determinará las normas que necesitan las provincias productoras y la Nación para garantizar las inversiones necesarias para el desarrollo del horizonte hidrocarburífero nacional.

El Estado neuquino debe profundizar su participación en la renta y debe hacerlo participando directamente en el negocio, y con esto reivindico el papel de la empresa provincial GyP.

Con los beneficios obtenidos, es imprescindible diversificar nuestra matriz productiva, potenciar nuestros recursos más allá de los hidrocarburos, estimular, modernizar y promover el conocimiento, fortaleciendo la educación en todos sus niveles, para que nuestros jóvenes puedan competir satisfactoriamente en un mercado laboral cada vez más exigente.

Para esto es que elaboramos un proyecto de ley creando un Fondo Anticíclico Institucional que le permita a Neuquén generar, a través del ahorro público, condiciones de inversión y previsibilidad para las futuras generaciones.