Las dudas sobre la ley de hidrocarburos

Aunque el Gobierno logre imponer su reforma, la oposición acordó que tras las elecciones la reemplazará por otra norma del área energética que cuente con un mayor consenso político.

El Informe de Tendencias del Instituto General Mosconi de agosto (iae.org.ar) muestra que el sector energético agrava su crisis estructural. Continúa disminuyendo la producción total de gas natural y de petróleo, y no se producen descubrimientos de nuevos yacimientos de hidrocarburos. Y esto en el marco de un muy fuerte incremento de los subsidios energéticos y una crónica disminución de las reservas de divisas y ausencia de crédito externo.

En el año, los principales candidatos presidenciales: Sergio Massa, Mauricio Macri, Ernesto Sanz, Julio Cobos, Margarita Stolbizer y los principales partidos de la oposición han firmado una “Carta de Compromiso” que contiene un conjunto de acuerdos de política energética para el largo plazo. Los políticos han comprometido la palabra, pero mucho más que ello han dado una señal significativa: aún en medio de una campaña electoral y de los rótulos ideológicos con que cada uno se presenta a la competencia existen temas que pueden ser razonablemente excluidos de la disputa, preservados de la demagogia y acordados con racionalidad.

Me interesa destacar lo que establece ese compromiso político en lo relativo a los hidrocarburos, que constituyen la columna vertebral de nuestro sector energético: “Se reformulará la estructura legal vigente en función de las nuevas realidades jurídicas institucionales y geológicas. Las leyes que surjan de ese nuevo ordenamiento, incluida una nueva ley de hidrocarburos, deberán contar con amplio consenso de las fuerzas políticas para que pueda ser aplicada en todo el territorio nacional. Esa nueva legislación deberá conciliar los intereses de las provincias y la Nación, facilitar el pleno desarrollo de los recursos del país y posibilitar la exploración en el Mar Argentino hasta el talud oceánico. También preverá la adecuación institucional para que el Estado pueda ejercer en forma adecuada su rol de fiscalización”.

Esto muestra a una oposición política que maduramente acuerda reformular la estructura legal en una materia clave, lo que incluye una nueva ley de hidrocarburos en el marco de una política de largo plazo también acordada.

Sin embargo, la realidad de estos días nos muestra a un Poder Ejecutivo Nacional que -ya en el último tramo de su extenso mandato- arrolla a la oposición y prácticamente en soledad y en un trámite exprés aprueba en el Senado una modificación a la obsoleta y desactualizada ley 17.319 vigente.

El proyecto, que cuenta con media sanción, ha puesto de manifiesto: a) que la primera espada en su concepción y defensa es el CEO de YPF, un funcionario que representa al Poder Ejecutivo –principal accionista de la compañía- que fenece, en términos prácticos, en pocos meses; b) la ley prorroga por plazos excesivamente largos las actuales tenencias de áreas lo que bloqueará –o tornará muy onerosa cualquier reforma que se intente realizar en materia de hidrocarburos; c) la ley tiene como beneficiarios solo a las empresas petroleras que en este momento poseen las áreas.

El Gobierno que termina impulsa en soledad absoluta una ley sin acuerdo con la oposición, la cual no solo ya la rechazó en el Senado sino que además tiene acuerdos transversales firmados que van en una dirección contraria a la ley aprobada. En este sentido, pareciera que el proyecto, de aprobarse en diputados en una forma similar a la del Senado, nacería muerto.

De cara al futuro, así se abren grandes interrogantes que mientras no se resuelvan no permitirá a nuestro país abandonar la robusta decadencia que hoy exhibe. El primero es discernir cuál será el verdadero objetivo del Gobierno. El segundo es si el gobierno que asuma en 2015 aceptará trabajar a futuro con el “remiendo legal” impuesto por el gobierno actual, que ha ignorado olímpicamente la postura de la oposición.

¿Aceptará mansamente el nuevo gobierno una ley concebida para mantener el statu quo de tenencia de los permisos y concesiones, y prolongar indefinidamente pautas que sólo benefician a los actuales poseedores de esas áreas y que impiden el ingreso competitivo de nuevas empresas petroleras que hoy no están en Argentina? En definitiva: ¿se resignará el nuevo gobierno a quedar “maniatado” legalmente en un área vital para la economía del país, un área que debe ser objeto una profunda reingeniería?

Vistos los interrogantes, que hoy no pueden tener una respuesta contundente, pareciera que el Gobierno se encamina a una nueva victoria pírrica. Le cabría a ella la famosa frase de Miguel de Unamuno pronunciada en 1936, en la Universidad de Salamanca: “Venceréis pero no convenceréis”.