Energías Renovables: Su rol en una nueva matriz energética nacional

En las últimas décadas la energía de fuentes renovables (EFR) ha cobrado impulso a nivel mundial motivada por diferentes factores. En algunos países su promoción ha sido una estrategia para reducir la emisión de gases de efecto invernadero y así contribuir a frenar el cambio climático. En otros, el impulso a las EFR se ha dado en el marco de políticas energéticas destinadas a aumentar la oferta de energía y disminuir la dependencia de los combustibles fósiles.  Aquí en Argentina podríamos incluir un tercer motivo: la preocupante situación energética heredada por la actual administración que encuentra en el fomento de sistemas de generación renovables una medida paliativa de corto plazo.

 

A pesar de la tendencia internacional y del alto potencial en materia de EFR que posee el país, la participación de este tipo de energía en la matriz energética primaria se ha mantenido en niveles muy bajos a lo largo de los años, pero aún menor ha sido su participación en la matriz de generación eléctrica. Esta situación resulta inexplicable cuando se considera que desde finales de la década del 70 existen políticas públicas en el país que han promocionado las EFR.

 

En los últimos 25 años, el consumo de energía eléctrica per cápita en Argentina se duplicó como consecuencia del crecimiento de la economía y la modificación de los hábitos de consumo de la población. Sin embargo, el modelo de organización del mercado eléctrico argentino instalado en la década del 90 derivó en una crisis energética de características estructurales que, desde el año 2004, ha comprometido el normal abastecimiento interno de energía.

 

El Estado nacional comenzó a tomar un rol activo en el control del mercado eléctrico y en los proyectos de ampliación y diversificación de su oferta en el año 2003. Estas acciones permitieron incorporar nuevos equipamientos para la producción de electricidad a partir del año 2008.

 

En un intento de impulsar la diversificación de la matriz energética nacional, en el año 2006, la Ley nacional 26.190 declaró de interés nacional la generación de energía eléctrica a partir de recursos renovables y dispuso que, hacia fines del año 2016, el 8 % de la energía eléctrica consumida en el país debía provenir de fuentes renovables. Recién cuatro años después, el Estado nacional licitó la compra de 1.015 MW de energía eléctrica de fuentes renovables a través del Programa Generación Renovable (GENREN).

Sin embargo, a pesar de la euforia inicial, solo 7 de los 39 proyectos adjudicados fueron instalados, ofreciendo una potencia total de 139 MW, apenas 13,7% de la potencia licitada. Inestabilidad económica, restricciones a la importación de insumos claves, al giro de dividendos, y fallas regulatorias fueron algunos de los principales factores que condicionaron el acceso a financiamiento internacional de los proyectos.

 

Ante el crecimiento continuo de la demanda y el rezago de la oferta, las restricciones en el abastecimiento interno de gas, combustibles líquidos y electricidad pasaron a ser cotidianas y normales. Esta situación incorporó un factor adicional de incertidumbre a la economía local e impulsó la importación de combustibles y el aumento de los subsidios del Estado nacional hacia el sector eléctrico.

 

En el año 2014, el Estado nacional acordó con los Estados provinciales el congelamiento de la tarifa eléctrica de distribución a usuarios finales —en un contexto inflacionario— a cambio de fondos para inversión en infraestructura eléctrica, que en algunos casos nunca llegaron.

 

En la actualidad, el país enfrenta el desafío de incrementar su capacidad instalada alrededor de 900 MW por año si quiere satisfacer la creciente demanda eléctrica, además de recuperar la potencia de reserva que demanda el sistema. Uno de los mecanismos definidos por la nueva ley de energías renovables es la incorporación de EFR en la matriz energética nacional. Surgen dudas, sin embargo, respecto a la capacidad del sector de ofrecer energía eléctrica a un precio competitivo y traccionar el desarrollo de una industria local vinculada al sector.

 

Actualmente, la matriz energética de Argentina posee una alta dependencia de los combustibles fósiles tanto en la matriz energética primaria como en la matriz de generación eléctrica, en la cual el 60% de la potencia instalada pertenece a centrales térmicas alimentadas con combustibles fósiles. Este escenario pone al sistema en una situación de alta vulnerabilidad frente a fluctuaciones de los precios internacionales del petróleo y del gas natural.

 

 

 

Fuente: Informe Mensual Cammesa (Julio 2016)

 

En la actualidad el parque térmico posee equipamiento obsoleto e ineficiente, con costos de operación relativamente elevados. Estos equipos operan como reserva del sistema, para afrontar los picos de demanda. Para dar de baja este equipamiento y, a su vez, recuperar la capacidad de reserva es necesario instalar 2.000 MW adicionales en los próximos 6 a 7 años, sin considerar la tendencia ascendente de la demanda.

 

Además, en un contexto signado por el aumento sostenido de la demanda de energía eléctrica y restricciones en la oferta de gas natural -un estancamiento relativo de la oferta interna y dificultades para importar-, el sistema de generación eléctrica ha aumentado el uso de combustibles como el Fuel Oil y el Gasoil como reemplazo del gas natural en las máquinas de generación térmica. Estas alternativas provocan una suba en el costo de generación del sistema y tiene un mayor impacto negativo en el medio ambiente.

 

La combinación de estos elementos condiciona la sustentabilidad del mercado de energía eléctrica en Argentina por la disminución en la calidad del servicio, sus altos costos de generación y su impacto negativo en el medioambiente, contradiciendo el ambicioso compromiso asumido éste año por el país en la última Cumbre del Clima de Paris (COP21). Esta situación requiere la implementación de distintas acciones que, de forma gradual, permitan resolver las distorsiones que hoy presenta el mercado. Una de las medidas de corto plazo que surge con más fuerza en este escenario es el fomento de sistemas de generación de EFR.

 

Si bien la energía eléctrica generada de fuentes renovables ha crecido un 70 % entre los años 2011 y 2015, su participación en la matriz de generación eléctrica nacional continúa siendo muy baja, apenas 1,7 %. Además, alrededor del 70 % de esta energía eléctrica proviene de pequeñas centrales hidroeléctricas construidas hace varias décadas por antiguas empresas nacionales y provinciales. Esta situación muestra el bajo impacto que han tenido las políticas públicas destinadas a impulsar la introducción de las energías renovables en el sistema eléctrico hasta el momento.

 

 

 

Fuente: Informe Anual Cammesa (2015)

 

La licitación del Ministerio de Energía y Minería para cubrir 1.000 MW de potencia con EFR en el marco del programa RenovAr es un nuevo intento del gobierno nacional por avanzar en la diversificación de la matriz de energía eléctrica y cumplir con las metas de participación establecidas por la nueva ley de energías renovables.

 

Los resultados de esta licitación superaron ampliamente las expectativas del Ministerio y del propio sector privado, tanto por la cantidad de proyectos presentados como por los precios ofertados, especialmente en relación a los proyectos de energía eólica y solar.

 

En muchos casos, los precios de oferta de estos proyectos fueron menores a los precios topes establecidos por el gobierno nacional y, en promedio, equiparables a los precios de estas tecnologías en otros países de América Latina con mayor trayectoria en la materia. Pero también superaron sustancialmente los precios ofertados en oportunidad del programa Genren.

En el marco del RenovAR, se licitaron precios promedios para generación eólica un 50% inferior a los ofertados en Genren, y un décimo de los que se están pagando actualmente por generación solar fotovoltaica.

 

Por lo tanto, los resultados de la licitación muestran, hasta el momento, un panorama muy auspicioso para el desarrollo de las energías renovables y confirman la potencialidad que tiene este tipo de energía para instalarse como una opción económica y productivamente viable para el país.

 

Sin embargo, su desarrollo en el largo plazo requiere remover las barreras económicas y político- institucionales que condicionan la competitividad del sector y avanzar en la definición de un marco regulatorio para el mercado eléctrico en general que brinde mayor certidumbre a los distintos agentes involucrados y promueva la creación de un mercado de energías renovables entre privados, tal como lo expresa la ley.