Energía: sinceramiento que permite la recuperación

El nuevo gobierno democrático cumplió dos meses. Es poco tiempo pero se nota un cambio de estilo; de modos de gestión, de enfoques. La gestión en Energía, un área vital de la infraestructura, ha demostrado que teníamos razón quienes veíamos en este sector –el grupo de Ex Secretarios de Energía; el IAE Mosconi y otras ONG- una brasa caliente que fuere cual fuere el gobierno que asumiera el 10 de diciembre debería afrontar con sinceridad, con valentía, y asumiendo los riesgos de la toma de decisiones antipáticas, pero necesarias. El Gobierno fue claro al asumir: el sector energético heredado está en Emergencia y la misma debía comunicarse a la población. Aplaudo esta acción: una ciudadanía adulta debe conocer la verdad. La situación es crítica y el Gobierno anterior mentía en forma descarada. Superar una emergencia requiere tiempo, comprensión; pero también esfuerzo. En un hecho sin precedentes el presidente de Edesur asumió que la calidad de las prestaciones es pésima.

Hace una semana comenzaron las consecuencias prácticas del sinceramiento. El incremento tarifario para la electricidad fue impactante cuando se lo expresó en porcentajes; sin embargo ese valor resulta relativizado si se tiene en cuenta que: a) no afecta a todos los usuarios de electricidad de la Argentina; b) que al partir de tarifas irrisorias (un bimestre de electricidad en GBA igual el precio de una gaseosa) cualquier incremento porcentual es impresionante pero en términos absolutos normal; y c) que el incremento no es altamente significativo si se lo compara con su impacto en la totalidad de los gastos que una familia tipo del área GBA gasta mensualmente en servicios (gas natural + agua+ telefonía fija+ celulares+ internet + TV por cable).

El incremento anunciado se circunscribe a los usuarios de Edenor y Edesur que son aproximadamente el 40% del total de Argentina; si bien el consumidor medio de estas empresas –aproximadamente 500Kwh por bimestre tendrá un incremento en su factura del orden de 600 % — el monto real a pagar cada 2 meses será de $278 en lugar de los $ 37,7 que pagaba hasta el presente. Esto significa un incremento real mensual de 120 $. La economía familiar no tambaleará por este incremento que al ser comparado con los montos que la familia tipo paga por servicios es apenas un 8 % de ese monto total. En segundo lugar, cabe poner de manifiesto que no todos los usuarios de Edenor y Edesur sufrirán los incrementos ya que al implementar la Tarifa Social que se aplica por primera vez en Argentina se excluirán alrededor de un 25% de los usuarios de los aumentos.

Además, los aumentos han expresado gradualidad porque no han resuelto todo el problema del retraso tarifario de golpe; han sido justos con el interior al establecer los mayores incrementos en el Gran Buenos Aires y no en el resto del país. El usuario del interior percibirá aumentos que en promedio se ubicarán en el 30 % que serán perfectamente afrontables. Es claro que esto no termina acá. El camino de la recuperación de los niveles tarifarios deberá completarse en el futuro; pero se ha iniciado, deben ser asimilados y comprendidos por la población. Las correcciones futuras deberán tomar en cuenta como se digiere “en tiempo real y por el consumidor de carne y hueso” este primer paso.

Las correcciones en el gas, que también habrá que encarar en breve, deberán realizarse tomando la experiencia de los recientes aumentos en la energía eléctrica, evitando las superposiciones de los incrementos; y extendiendo también a este sector el concepto de Tarifa Social donde el Gobierno está bien rumbeado. Hay un elemento que juega a favor de los consumidores y no debe ser ignorado: el precio del gas natural importado está bajando en forma notable y debería ser el precio tope de referencia; si este efecto se aprovecha jugará para el bolsillo de la gente y reducirá los subsidios del tesoro a las petroleras.

Hubo otros hechos relacionados con la Energía que merecen ser mencionados. El Gobierno otorgó un “subsidio transitorio” por seis meses –aproximadamente 250 millones de u$s- al crudo de Chubut por la caída del precio internacional y en defensa de la fuente de trabajo de 5000 trabajadores. Me llaman la atención las declaraciones de dos actores fundamentales de ese hecho: el gobernador de Chubut Mario Das Neves y el jefe de los sindicalistas Jorge Acuña. El primero dijo: “para lograr que se mantengan las fuentes de trabajo, acá tienen que poner todos”; el segundo advirtió a Nación sobre las medidas que llevarán adelante en caso de que en el plazo de cinco días no resuelvan el conflicto petrolero.”Tienen cinco días para resolver esto, sino tendrán un país en llamas, sin gas ni petróleo”. Las declaraciones son contundentes y demuestran que existe preocupación genuina por un problema que afecta al mundo petrolero: el crudo cotiza a 30 u$s/b en el mundo y la baja vino para quedarse. Sin embargo, la solución no pasa ni por incendiar el país, ni por decir que pongan todos sin decir quiénes son todos y cuánto tendrá que poner cada uno. El problema del reparto de la renta petrolera debe ser afrontado por el Estado resolviendo en atención al bienestar general. Argentina no puede estar afuera del mundo.

El nuevo gobierno está resolviendo el problema energético heredado. Lo hace con un criterio de política de Estado y en el marco de acuerdos firmados por el presidente Macri con las principales fuerzas políticas. Nos esperan desafíos extraordinarios que resolveremos entre todos. Tenemos que iniciar cuanto antes la “Transición Energética” hacia la matriz sustentable.