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21/04/2015
Por Jorge Lapeña
Publicado originalmente en Clarín, el 20/04/2015
En materia energética se debe cambiar respecto a lo hecho en los últimos 12 años. Continuar como estamos implica poner en jaque la economía y nuestra calidad de vida
En el año 2014, la producción total de petróleo de Argentina bajó un 1,5% respecto a 2013; la producción de gas natural lo hizo un 0,5%. En 2015, la luz se corta en Buenos Aires cuando hace mucho calor y las empresas concesionarias –Edenor y Edesur- están al borde de la quiebra por la aplicación de una incorrecta política tarifaria por parte del Ministerio de Planificación. El Siglo XXI produjo la mayor caída productiva en materia de petróleo y gas de toda la historia energética argentina. También hubo una extraordinaria disminución de las reservas comprobadas sobre todo de gas natural que denotan ineficiencia y falta de visión estratégica estatal de los últimos lustros para alentar la inversión de riesgo en nuevas exploraciones.
Argentina dejó en 2010 de ser el país energéticamente autoabastecido que fue; y desde ese año hemos importado Energía por 50.000 millones de US$. Una cifra enorme si se tiene en cuenta que nuestras reservas totales en divisas alcanzan aproximadamente a 29.000 millones de US$ y el cepo cambiario es una realidad difícilmente modificable.
Un capítulo aparte es el de los astronómicos e irracionales subsidios energéticos de alrededor de 15.000 millones anuales en 2014 que compensan a Enarsa, a Cammesa y a YPF por costos energéticos incurridos que no son afrontados por los usuarios. Y acá se da una paradoja notable que interpela la racionalidad de todo el sistema. ¿Por qué un gobierno que se dice popular castiga a los consumidores fijando el precio del petróleo a las refinerías a 77 US$/ b cuando el precio en el mercado es 50 US$/b? Esto –si se mantienen los precios actuales- implica transferir 5.000 millones de US$ anuales de la gente a la corporación petrolera.
Es evidente que en materia energética se debe cambiar respecto a lo hecho en los últimos 12 años. Continuar como estamos implica poner en jaque a nuestra macroeconomía; a nuestra competitividad y a nuestra calidad de vida. En este campo no se puede repetir el eslogan vacío– usado por muchos candidatos en campaña- que dice “conservar lo que está bien y cambiar lo que está mal”. En Energía hay que cambiarlo todo porque todo, o casi todo, lo hecho en estos 12 años está mal pensado y mal hecho.
Cambiarlo todo sin embargo no significa destruir lo que está funcionando, lo que sería perjudicial para el conjunto social. Significa sí cambiar el paradigma actual de decisiones por uno basado en: a) La racionalidad; b) la honestidad; c) la eficiencia y la eficacia para gestionar; y d) la aplicación de reglas de una sana economía energética. Esto implica un giro copernicano respecto a lo hecho en estos 12 años.
La racionalidad de las decisiones energéticas no existe: el reciente anuncio de la compra de varias centrales nucleares a China sin estudios previos que lo justifiquen y fuera de un Plan Energético Estratégico; la construcción del Gasoducto del Noreste (GNEA); la construcción de una central nuclear Carem en Formosa; la errada creencia gubernamental de que Argentina es una nueva Arabia Saudita por la mera existencia en Neuquén de la formación de Vaca Muerta; no haber invertido en exploración petrolera en años; son algunos ejemplos de decisiones no racionales y alto costo tomadas en el vértice decisorio y ejecutadas por una militancia no capacitada técnicamente.
Los costos y los plazos de las obras que se ejecutan exceden largamente lo programado y son muestras –siendo benévolos- de gestión ineficaz. Por otra parte es obvio que la sistemática violación durante 12 años de la reglas de la economía energética llevó al sector a la profunda crisis en la que se encuentra.
Proponer un nuevo paradigma para la toma de decisiones implica recorrer un camino distinto al clásico cuando se debate sobre Energía. En esos debates se suele discutir sobre la utilización de nuestros recursos naturales pero se omite debatir a fondo y en forma transparente sobre la organización; sobre la economía; sobre la ley; y sobre los defectos que deben ser corregidos. Esos debates son interesantes pero están afuera de la política real.
En energía lo limitante no es el factor tecnológico, que está disponible y al alcance de cualquier país. Los límites se dan en la inteligencia para combinar en forma satisfactoria la utilización de recursos escasos; y dentro de esos recursos los económicos y humanos afectados a la decisión y la gestión que juegan un rol esencial.
Propongo un enfoque centrado en la definición de los roles del mercado y del estado en cada uno de los campos en que se divide la Energía; en las formas en que debe ser financiada la nueva inversión; en las formas en que los consumidores deben afrontar los pagos por la energía, y también en la definición taxativa del universo de los compatriotas que deben ser subsidiados. Un debate en definitiva centrado en la organización más conveniente para efectivizar la explotación de nuestra abundante dotación de recursos energéticos primarios renovables y no renovables. Ese enfoque clarificará lo que tiene que hacer un Estado moderno como regulador, como árbitro, como empresario e inversor; y también el rol fundamental que debe cumplir el mercado y la iniciativa privada para satisfacer en forma cierta un buen suministro energético.
Estoy convencido de que el problema está acotado y tiene solución práctica. La racionalidad económica y política, y la honestidad y firmeza en la toma de decisión, y los equipos técnicos jugarán un rol decisivo en los primeros 100 días del nuevo gobierno.