El posible efecto de los nuevos aumentos en las tarifas del gas

La semana del 18 al 23 de febrero se realizaron las audiencias públicas convocada por ENARGAS, para dar a conocimiento público las propuestas de aumentos que las distribuidoras solicitan implementar a partir de abril de 2018.

Dichas propuestas incluyen la aplicación de un nuevo escalón del sendero de precios promedio del gas PIST –precio al ingreso al sistema de transporte– para usuarios residenciales, que pasará de USD 4,19 el MBTU a USD 4.68 y que responde al programa de reducción gradual de subsidios económicos que se viene implementando desde octubre de 2016. 

Pero si se analiza, la evolución del precio del gas incluido en las facturas de usuarios residenciales, que representa aproximadamente el 40% de la factura, se observa que si bien el promedio de la demanda residencial pagará USD 4,68 el MMBTU, algunos escalones de consumo –característico de “clase media”– no alcanzados por tarifa social, se ubicarán por encima de los USD 5, llegando en el caso de la categoría 3.4 a los USD 6,59.

Evolución del precio del Gas residencial.

Fuente: Elaboración propia en base ENARGAS.

 

 

Al mismo tiempo se aplicará la última etapa de aumentos prevista en las tarifas de transporte y distribución (30%), con la que finaliza la recomposición de ingresos de las empresas reguladas prevista en la Revisión Tarifaria Integral (RTI) – de abril 2017.

Los nuevos cuadros tarifarias incorporaran también el reconocimiento del efecto de la inflación sobre los costos de las empresas, mediante la aplicación del mecanismo previsto en las mencionadas RTI, que consiste en la aplicación del índice de precios internos mayoristas –IPIM– para el periodo septiembre-febrero.

De esta forma, a partir del 1º de abril de 2018, y en base a la propuesta presentada en Audiencia Pública por METROGAS,[1] el aumento “promedio” respecto a noviembre 2017 para usuarios residenciales que abonen tarifa plena, es decir sin descuentos por ahorro, ni tarifa social, será en promedio del 47%.

Pero esta estimación no contempla la marcada estacionalidad que presenta el consumo residencial, con picos en los bimestres mayo-junio y julio-agosto que concentran casi el 60% del consumo anual de un hogar promedio del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Por lo tanto, a partir de abril las facturas de gas residencial, no solo reflejaran los aumentos antes mencionados sino también el posible aumento en el consumo invernal.

 

 

Para analizar posibles escenarios del próximo inverno, es necesario repasar que pasó los últimos dos años:

De esta forma, el próximo invierno y de no mediar modificaciones en la metodología de facturación, los usuarios residenciales veremos reflejada en nuestras facturas no solo los aumentos correspondientes a abril 2018, sino también el efecto acumulado de los aumentos de abril y octubre de 2017.

A continuación, se presenta un cuadro comparativo que estima el valor del consumo medio por categoría de usuario residencial para el bimestre junio-agosto, el cual considera el pico de consumo invernal.

Fuente: Elaboración propia en base ENARGAS.

Por lo tanto, los aumentos interanuales que enfrentarían los usuarios residenciales (a tarifa plena, sin descuentos, ni tarifa social), estará en el rango del 80% al 110%, pero el impacto final dependerá de lo riguroso que sea el invierno 2018.

Si bien se mantendrán los estímulos al ahorro mediante descuentos a aquellos usuarios que reduzcan sus consumos respecto al año 2015, si el invierno 2018 aparece más riguroso, es posible que aquellos que gozan de descuentos los pierdan y/o superen el umbral de consumo de su categoría y pasen a una categoría superior. Esto potenciaría aún más el efecto de los aumentos en usuarios de consumos medios.[3]

 

 

En resumen, la marcada estacionalidad del consumo residencial podría potenciar el efecto de los aumentos hasta aquí presentados, que pegarían con mayor fuerza en las categorías de consumo medio, donde se concentra el 80% de la demanda y que en líneas generales no está alcanzada por Tarifa Social. Estos segmentos de la demanda podrían alcanzar aumentos acumulativos superiores al 800% respecto al invierno 2016.

Todo esto en un contexto donde la actual administración se encuentra ante la compleja tarea de actualizar precios y tarifas en términos reales en un contexto inflacionario, que también se reflejará en las facturas vía el efecto del tipo de cambio en el precio del gas y el reconocimiento de mayores costos en los segmentos regulados.

Por lo cual resulta necesario dar previsibilidad al usuario, mediante una estructura tarifaria que le permita prorratear el pico de consumo invernal, es decir que los usuarios cuenten con pagos mensuales de magnitud similar que prevenga la posible falta de aceptación social del impacto de los aumentos en tarifas en los presupuestos de los usuarios.

En este sentido, esquemas de facturación estacional que en base a un consumo promedio histórico que defina un consumo “base” del semestre “estival/invernal” ´o la implementación de bloques semestrales en base a promedios móviles, acompañado de mecanismos que compensen desvíos en las cantidades consumidas aparecen como una de las alternativas de implementación razonables ante el desafío futuro.

Estas estructuras de tarifa plana –flat– deberán incorporar mecanismos de premio / o castigo que remeden señales de precios que indiquen claramente al usuario el costo real de la energía y aparecen como una herramienta adecuada para aplicar incrementos tarifarios en periodos de alta inflación.[4]

En su defecto, sería necesario contemplar la posibilidad de volver a prorratear los aumentos tarifarios del invierno 2018 en los siguientes dos bimestres –de la misma forma que se implemento en 2017– lo cual será una forma de implementar “de hecho” un esquema de tarifa plana.

 

 

Las empresas han presentado el avance de las inversiones obligatorias previstas en las RTI, y en todos los casos dan cuenta de haber sobre cumplido las metas previstas. Esto pone de manifiesto que los incentivos a la inversión otorgados a los concesionarios hasta el momento resultan exitosos y redundarán en un servicio público más seguro y confiable.

Es esperable que los futuros informes de cumplimiento físico y económico de dichas inversiones sean públicos, a fin de continuar avanzando en la participación activa de los usuarios en el proceso regulatorio.

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