El Gobierno no puede seguir condicionando el futuro del sector energético con decisiones sin consenso y sin fundamento técnico

Resumen Ejecutivo

Las últimas decisiones del Gobierno nacional relacionadas con el sector eléctrico comprometen negativamente su funcionamiento futuro.

Las contrataciones de apuro que el Gobierno continúa realizando, hacen caso omiso a las críticas que el grupo de Ex Secretarios hemos realizado en varias oportunidadesy a las serias observaciones de la Auditoría General de la Nación (AGN) en su último informe de examen de la empresa estatal ENARSA, dependiente del Ministerio de Planificación Federal.

En este mismo contexto pueden considerarse los recursos del Estado Nacional aplicados a continuar con los Programas de Generación de Energía Eléctrica Distribuida (GEED) que ejecuta ENARSA desde 2007, cuando se crearon como una emergencia ante el déficit de generación. Estos Programas GEED consisten en la contratación de generación de energía eléctrica, mediante pequeñas centrales transportables, para inyectar energía de alto costo durante plazos cortos, en los diversos nodos del sistema eléctrico.

Ahora se ha decidido la incorporación de 1000 MW más con esta modalidad antieconómica, mediante procedimientos de selección de dudosa transparencia, de convocatoria a concurso en lugar de licitación, de aplicación de condiciones no previstas por ley a quienes pueden ser oferentes, de arbitrariedades en las calificaciones que deben poseer los oferentes para ser elegibles. Estos procedimientos aseguran la discrecionalidad del funcionario y los actos de colusión entre estos y contratistas amigos del Gobierno.

Estos Concursos concluidos recientemente por ENARSA, significan la contratación para el largo plazo de una solución antieconómica, concebida exclusivamente para situaciones de emergencia y que se justifican solo en el corto plazo. Además introducen sobrecostos en concepto de generación eléctrica por más de USD 10.000 millones hasta el año 2019, de los que se tendrá que hacer cargo el próximo gobierno.

Si a estos casos irregulares se le agregan la adjudicación, luego de tres licitaciones, de la central Manuel Belgrano II y la de las centrales hidroeléctricas en el río Santa Cruz sin las adecuadas factibilidades técnicas ni financieras, ni el costo de la línea de alta tensión para evacuar la energía que produzca y las contrataciones para la extensión de vida de la central nuclear de Embalse, estamos hablando de adjudicaciones, solo en generación de electricidad, del orden de los US$ 9.000 millones, que recaen mayoritariamente en empresas amigas.

Estos son solo algunos ejemplos que ratifican la decisión del Gobierno por insistir en las políticas que condujeron al sector eléctrico a su actual crisis que padecen los usuarios y que deberán pagar futuras administraciones.