El gobierno argentino en pie de guerra con las eléctricas

Los continuos cortes de luz en Buenos Aires destaparon la crisis energética del país. Desde 2002 que el gobierno mantiene congelados los precios de la luz y el gas, pero los costos de generación se dispararon en más de 300% en 7 años y la producción no ha subido al ritmo del consumo. ¿Cómo el país pasó de ser un exportador energético neto a tener en 2013 un déficit récord?

Un escenario oscuro se proyecta para el campo energético en Argentina: los cortes de luz en Buenos Aires y su área metropolitana-  que representan el 50% del PIB y de la población-  producidos por la demanda récord de electricidad durante las tres últimas semanas, ante la peor ola de calor en 100 años, son sólo la punta del iceberg de un problema mayor: el país llegó a su déficit energético récord (US$6.800 millones) el año pasado, ante la caída de la producción y de las reservas de gas natural y petróleo y por la falta de inversiones.

Los cortes en el suministro eléctrico han provocado un conflicto entre el gobierno de Cristina Fernández y las empresas distribuidoras Edesur (filial de la chilena Enersis) y Edenor.

El ejecutivo las responsabiliza del mal funcionamiento, e incluso anunció la semana pasada que pasará a gestionar directamente las inversiones en el sistema de distribución y que les cobrará millonarias multas, argumentando que han sido incapaces de desarrollar un plan de inversiones.

Pero las empresas eléctricas y los expertos concuerdan en que el problema es estructural y que la fijación de precios- una de las tarifas más bajas de Latinoamérica-  es una de las razones por la que ningún privado invierte en generación eléctrica, lo que explica las dificultades para las firmas  de hacerse cargo de centrales y redes de distribución y de generar utilidades. El año pasado, Edesur sufrió pérdidas de US$123,7 millones, mientras que Edenor perdió US$157,1 millones, según cifras compiladas por Bloomberg. 

«Las distribuidoras eléctricas tienen un problema de caja, por lo que cabe esperar del gobierno correcciones moderadas. Se teme descongelar las tarifas por miedo a la inflación», sostiene Eric Ritondale, economista de la consultora Econviews.

SUBSIDIOS… ¿UN LASTRE? 

Durante la crisis de 2002, el gobierno decretó el congelamiento de los precios de la electricidad y el gas natural, con el fin de que los productores cedieran parte de sus utilidades a los consumidores durante ese periodo difícil. Esta medida tuvo, en un comienzo, un impacto social y económico favorable. 

Sin embargo, para 2008, lo peor de la recesión ya había pasado y el país había retomado el crecimiento, y los subsidios aumentaron por más de una década. Mientras, la inflación se disparaba, y hoy bordea el 30%, según cifras de consultoras privadas: la asistencia financiera del sector público pasó de US$1.261 millones en 2007 a unos US$12.000 millones en 2013. 

Según constata a PULSO Gerardo Rabinovich, vicepresidente del Instituto Argentino de Energía General Mosconi (IAE), un organismo privado de investigación y asesoría energética, estos subsidios representan alrededor de 2% del PIB y prevé que en 2014 este monto crecerá 25% más, al ritmo de la devaluación del peso.

«La diferencia entre el costo de producción y lo que paga la demanda lo cubre el Estado, a través de transferencias del Tesoro a las importadoras de combustible (gas natural y diésel) para la generación de electricidad. Esto aumenta los costos (a las generadoras), pero no se suben los precios. Los que se benefician de los subsidios son los usuarios residenciales», explica el experto, para quien esta política es insostenible en el tiempo.   

El problema de los subsidios, de acuerdo a los analistas, es que las bajas tarifas de electricidad no reflejan los crecientes costos operacionales con los que han debido lidiar las empresas, que no solamente incluyen los procesos de generación y abastecimiento, sino también gastos por mantención, inversión, y aumento de sueldos, entre otros. 

Según datos de Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico), los costos anuales para la generación eléctrica aumentaron 332% en 7 años, y se estima que entre 2005 y 2014 habrán subido más de 500%. Mientras el costo anual de la energía (MEM) en 2012 fue de 330 $/MWh, el precio que pagaron los consumidores ese año fue de 80 $/MWh.

«La energía, con las actuales políticas, es un condicionante del crecimiento y la estabilidad macro de Argentina, porque genera un desequilibrio económico. El gobierno dice a los medios que esta medida es la correcta, pero a puertas cerradas no es así», recalca Rabinovich. 

POR QUÉ DEJÓ SE SER EXPORTADOR 

En 2013 Argentina gastó US$12.000 millones  en importaciones de gas natural, petróleo y nafta, y se estima que en 2014 este monto aumentará entre 20% y 25%, es decir, entre US$14.000 y15.000 millones.  

«Pasamos en una década de ser un país ‘superavitario’, a tener un déficit energético histórico por la caída de la producción.  Las restricciones que se producen a las importaciones tienen mucho que ver con la no resolución de estos ‘puntos rojos’ en la economía», dice a PULSO el gerente de la Cámara de Importadores argentina, Miguel Ponce, quien añade que el déficit energético ocupa el cuarto lugar en una lista liderada por la industria tecnológica de Tierra del Fuego, seguida por el sector automotriz y el turismo. 

Rabinovich agrega que la producción energética comenzó a estancarse en 2004, cuando Argentina cortó las exportaciones a Chile, y desde entonces no dejó de caer. «La producción de petróleo el año pasado fue 3% menor que en 2012, y la de gas natural cayó  6%», precisa. El experto estima que  el déficit energético en 2014 podrá alcanzar los US$8.500  millones».

Ante el alto precio de la compra de energía al exterior, la semana pasada el gobierno anunció que importará crudo por primera vez en 20 años, para revenderlo entre las principales productoras de combustibles del país y abaratar costos.

El descubrimiento del yacimiento petrolero de Vaca Muerta ha generado expectativas de autoabastecimiento, pero los críticos enfatizan que los cortes de luz se repiten todos los años, y no tienen expectativas de que se solucionen. A menos que se incentive la inversión.