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24/08/2020
Por Jorge Lapeña
La última semana de Agosto se inicia con una noticia importante: ha sido designado un nuevo Secretario de Energía de la Nación y al mismo tiempo se anuncia que cambia la dependencia jerárquica de esa Secretaria en el Organigrama de Gobierno ideado por Alberto Fernández hace casi 9 meses. Ahora la Secretaría de Energía dependerá del Ministro de Economía y no del ministro de Desarrollo Productivo.
El nuevo Secretario de Energía designado es Darío Martínez, actual presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados de la Nación viene de Neuquén
Vamos por partes, el cambio de Secretario estaba cantado y era un secreto a voces. El nombramiento de Sergio Lanziani fue una patinada fenomenal en las designaciones de funcionarios propias del armado de un rompecabezas altamente negociado en el Frente de Todos, en vez del resultado del armado de un equipo armónico. Lo cierto es que en los hechos el Secretario Lanziani no existió ni para bien ni para mal, pero lo novedoso es que haya durado casi 9 meses en el ejercicio del cargo.
En casi nueve meses el Gobierno de Alberto dejó en claro que no tenía equipo energético, y también dejó en claro que no hubo una línea directriz de política energética bien explicitada. Pruebas al canto: no existe material escrito -discurso, reportaje, conferencia- mediante el cual pueda afirmarse que el Gobierno haya tenido un Plan de Acción para el área energética. Para colmo el Presidente Alberto Fernández en sus dos discursos más importantes ante el Congreso de la Nación el 10 de Diciembre de 2019 y el 1° de marzo de 2020 apenas pronunció un par de veces la palabra “Energía” lo que evidencia la existencia real de “ una muy pobre agenda energética” desde el inicio.
La realidad indica que el mayor porcentaje de tiempo de la gestión energética de Alberto Fernández se ha consumido en dar vía libre al “barril criollo” que es un enorme sobreprecio a los combustibles líquidos que castiga a los consumidores argentinos y que además hace menos competitiva a nuestra industria y a nuestro agro y más caro a nuestro transporte. Este absurdo fue alentado desde Neuquén y otras provincias petroleras por Gobernadores, sindicatos y petroleras y negociado por el Gobierno nacional.
En estos días que trascurren la Secretaria de Energía bajo la órbita del ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas estaba a punto de lanzar – en acuerdo con las empresas productoras el “Plan Gas 4“ que era un Plan estímulo para la producción de gas natural que en los hechos estaba basado en un muy importante e indeterminado volumen de subsidios del Tesoro con destino a las empresas productoras. Este programa tenia fecha de lanzamiento el viernes 21 de Agosto y fue postergado.
En síntesis hasta el momento el sector energético del gobierno del Presiente Fernández -con Lanziani en su puesto pero fuera de las decisiones- se adaptó a un manejo del sector energético bajo el paraguas de la Pandemia del COVID 19 y la Cuarentena; y en los hechos solo se destacó en los últimos 130 días por haber negociado los planes de estimulo a la producción de crudo y gas natural con fondos públicos que el Tesoro no posee en el caso del gas y con precios ficticios en el caso del crudo que golpearon los bolsillos de los consumidores pero que no lograron eludir la crisis profunda del sector petrolero en su conjunto. Debe puntualizarse que al amparo de la Ley de Emergencia las tarifas energéticas están congeladas desde 2019 y esto genera una magnitud de subsidios fenomenal en desordenado crecimiento.
En base a lo dicho, el cambio al área de Economía es lógico que se haya producido; y asegura racionalidad al menos a la hora de asignar subsidios energéticos y hablar de impactos de esos subsidios en el déficit presupuestario.
Al nuevo Secretario de Energía le espera una tarea inmensa. Entre ellas armar un equipo energético que no existe como tal mas allá de algunas individualidades; poner fin a la intervención de los Entes Reguladores y hacer públicos los informes de los interventores; formular un Plan Energéticos nacional y hacerlo aprobar por ley de Congreso; definir un discurso energético que Argentina no tiene; hacer una evaluación objetiva del Proyecto de Vaca Muerta que ha demostrado que tiene grandes insostenibilidades, y muy importante fijar tarifas justas y razonables para los servicios públicos energéticos nacionales y precios de competencia para el petróleo y el gas en Argentina. Deberá también procurar la articulación de consensos políticos y parlamentarios que hoy no existen.
24 de agosto de 2020