Barril Criollo corporativo o regulación gubernamental – El precio del crudo en la emergencia del Coronavirus

Una situación no prevista como la pandemia del COVID-19 plantea al gobierno de Alberto Fernández en sus inicios un dilema de hierro: regular en forma justa y equitativa el precio en boca de pozo del crudo en las Cuencas Petrolera argentinas para paliar la crisis que significa la brutal caída de la demanda y del precio del crudo en el mercado mundial; o aceptar mansamente el pedido de la corporación petrolera de fijar un precio del crudo que satisfaga sus propios intereses perjudicando a los consumidores a la industria y el agro nacional  y a muchos productores independientes de petróleo que no forman parte de las empresas integradas

El primer cuatrimestre de 2020 no es lo que parecía que iba a ser hace tan solo 100 días atrás; ni para Argentina, ni para el mundo. Un evento de bajísima probabilidad de ocurrencia modificó el curso de la historia universal: el Covid.19 –un verdadero cisne negro- introdujo en el mundo muerte descontrolada y al azar, y una fuerte recesión económica. Los expertos no saben cómo y cuándo termina esto. En la Argentina no hay un solo sector que se salve: la cuarentena trajo la caída de la demanda interna de bienes y servicios; la parálisis de la industria; el comercio; el transporte y los servicios. ”.

La demanda de petróleo en el mundo disminuyó un 30 %; en Argentina la demanda de nafta y gasoil que había caído en 2019 disminuirá mas en 2020 por la cuarentena y por los pronósticos de caída del PBI para este año que se ubican en -4,3 % o aún mayor;  la demanda eléctrica total durante la cuarentena se reduce según Cammesa en 14,1% y la demanda en la industria cayó 30%.

Por lógica la caída de demanda provocó un derrumbe de los precios de los energéticos en los mercados mundiales. El informe “Perspectiva Energética de Corto Plazo” publicado por el Departamento de Energía de los EE.UU el 7 de abril indica que el crudo WTI ha experimentado una caída de precio desde  57 u$s/b en 2019 a un valor medio pronosticado para 2020 de 29,34 US$/b,  (baja del49%). El informe muestra que en USA la baja en el precio del crudo se tradujo inmediatamente en disminuciones de  de 30% en la nafta y 18 % en el gasoil al público. Esas bajas serán -según los pronósticos-  para 2020 llegarán al 28,5 %  para la nafta y del 23 % para el gasoil.

Una caída de precios y de demanda como el mencionado produce “urbi et orbe” ganadores y perdedores. Es obvio que la industria petrolera y su cadena de valor sufren; mientras el consumidor se beneficia del cambio de los precios en los países con mercados abiertos y competitivos. Los Estados nacionales pueden y deben con sus políticas públicas morigerar – aunque no eliminar – estos impactos negativos en búsqueda de preservar el bienestar general y el interés común.

Lamentablemente en Argentina a un problema como el descrito que es de naturaleza global, se le intenta dar una solución doméstica heterodoxa y poco transparente que tendrá como única víctima al consumidor sin que éste siquiera se percate. El mecanismo que se está implementando es la negociación cerrada entre “el grupo productor de petróleo” (GPP) y el Gobierno del Alberto Fernández. El GPP es un grupo pequeño y de gran fortaleza integrado por los gobernadores de Provincias petroleras nucleados en OFEPHI, los sindicatos petroleros, las empresas petroleras lideradas por YPF y otros actores menores.

Según ha trascendido los gobernadores proponen al Gobierno “negociar” un precio del crudo al que denomina “barril criollo” de 54 u$s/b que es muy superior al precio internacional. Si bien ese precio es satisfactorio para los intereses de los solicitantes, será  un “sobre precio” pagado por todos los consumidores argentinos y que tendrá consecuencias no solo para las economías familiares golpeadas, sino también para la competitividad de la industria, el comercio y el agro nacional.  

La solución en ciernes consiste en presionar al gobierno para que fije “un precio de conveniencia” que minimiza los impactos de la crisis en el GPP, pero solventado por el resto de la economía. Se trata de un precio exorbitante y no justificado a determinar en una negociación de la cual el universo consumidor/pagador  no estará sentado en la mesa de la negociación.

Es importante detenernos en la integración de la mesa de negociación de ese barril criollo.  En una parte de la mesa están los que piden: los gobernadores de las 8 provincias petroleras que no quieren resignar ingresos por regalías; los sindicatos petroleros que no admiten resignar ni puestos de trabajo ni remuneración de sus afiliados; las empresas petroleras que argumentan que no podrán sostener el nivel de actividad con esos precios de mercado.  Del otro lado de la mesa esta solo el Gobierno de Alberto Fernández.

Los que piden el “barril criollo” tienen un elemento en común: no quieren reducir nivel de actividad y se niegan a salir de la zona de confort que les permite continuar como si nada hubiera pasado. Por el otro lado si el Gobierno lo que busca es el consenso en una mesa de negociación asimétrica en donde no están representados los que pagan (los consumidores),  posiblemente termine repitiendo el reciente episodio de la compra de fideos en emergencia y convalidando precios más altos que los de mercado en el marco de un gran escándalo nacional.  

El gobierno debe entender que su función en la gran emergencia que atravesamos es regular para el crudo un precio justo. Su función no es la negociación, se trata de un acto regulatorio  de los precios en situaciones extraordinarias como las actuales, que está previsto precisamente en el art. 6 de la ley de hidrocarburos 17319 vigente.

Esa regulación estatal del precio del crudo por cuenca debe tener como finalidad exclusiva retribuir costos de operación y mantenimiento para sostener un nivel de actividad de las empresas petroleras para abastecer una demanda deprimida este año, sin despidos de personal en su planta operativa permanente. El Estado deberá atender a los reales costos de producción de cada cuenca y las empresas deberán presentar sus costos.

La regulación estatal que propongo requiere como condición “sine qua non” la redefinición integral del Proyecto Vaca Muerta; y no se deben mezclar los problemas de este proyecto con los de la explotación convencional.

Por otro lado las provincias petroleras que sustentan gran parte de su presupuesto en la recaudación de las regalías, deberían canalizar sus requerimientos de equilibrio presupuestario por vía del Presupuesto Nacional con partidas compensatorias; y de ninguna manera  presionar por precios en alza que perjudiquen a los consumidores que son sus votantes.

Por su parte el Gobierno nacional deberá exonerar de los derechos a la exportación de crudo en la medida en que existan excedentes exportables y se traduzcan en ingresos de u$s al país.

11  de abril de 2020