Aporte del grupo de Ex secretarios de Energía para la reconstrucción energética y el problema tarifario

Introducción

Frente a la situación heredada, el Gobierno deberá ordenar el sector energético para —junto a las otras variables macroeconómicas, políticas y sociales—, poner en valor los inmensos recursos energéticos que alberga nuestro territorio.

Uno de los escollos más importantes a remover es el desastre en los precios y tarifas heredados luego 12 años de populismo energético.

Entendemos que el sinceramiento tarifario es necesario e ineludible por las consecuencias negativas que el problema tarifario provoca a los usuarios en la calidad de la prestación de los servicios públicos que reciben, porque hay insuficiencia en las inversiones y quebrantos en las empresas prestadoras, y por el impacto negativo en la macroeconomía que los subsidios energéticos ocasionan.

Por tal motivo, los Ex secretarios, que venimos advirtiendo a la sociedad de este problema desde 2008, elaboramos este aporte conceptual con la intención de brindar a las actuales autoridades, elementos de juicio adicionales para lograr a la brevedad posible la normalización del sector energético.

Resumen del documento

Para los especialistas energéticos argentinos reconocidos, y particularmente para quienes componemos el grupo de Ex secretarios de energía, estuvo siempre claro que la resolución del problema del crónico atraso de las TARIFAS ENERGÉTICAS era un tema político de primera magnitud para el nuevo gobierno democrático que asumiera sus funciones el 10 de diciembre de 2015. Y un tema político de magnitud exige siempre para su solución una política de Estado.

Iniciamente debe hacerse una distinción clara entre las “tarifas energéticas”, que son reguladas por el Estado y los “precios energéticos”, que deben surgir de mercados competitivos y no distorsionados. Creemos que son conceptos distintos y deben tener un tratamiento diferenciado a la hora de encarar los aumentos.

Al momento de asumir el nuevo gobierno el 10 de diciembre de 2015, las tarifas energéticas estaban notoriamente atrasadas, y el sistema de precios energéticos era un sistema distorsionado que formaba parte de una política irracional, a su vez influenciada por lobbies empresariales y gremiales.

En la actualidad, continúan algunas distorsiones:

Así, por ejemplo el precio del crudo desde el segundo trimestre del 2014 está fijado en la Argentina  por encima de las referencias internacionales con impacto en los precios de los derivados (nafta, gasoil) que también tienen precios locales por encima de las referencias internacionales. El precio del gas en boca de pozo en la Argentina  también es un precio administrado y su cotización ha estado POR MUCHOS AÑOS por debajo del costo de oportunidad que marcan los sustitutos que contribuyen a satisfacer el déficit de producción doméstica (Gas de Bolivia; GNL en Escobar, Bahía Blanca y Chile, o gasoil para generación térmica).

Los precios de la generación eléctrica, los más atrasados respecto a las referencias que marcan el costo marginal y el costo promedio, han estado soportando costos crecientes debido a la mayor dependencia de la generación térmica (que genera a partir de gas o de los combustibles líquidos sustitutos fuel oil o gasoil).

La Declaración de compromiso firmada por los principales candidatos presidenciales en 2014 (Mauricio Macri, Sergio Massa, Margarita Stolbizer,  Hermes Binner, Ernesto Sanz y Julio Cobos) y varios partidos políticos a través de sus líderes parlamentarios[1]; estableció mecanismos consensuados para abordar esta delicada situación en el contexto de una polótica de Estado  para un sector que había sido rehén del corto plazo.

La aplicación de una política de Estado es una tarea mayúscula que corresponde al funcionariado del gobierno que fue democráticamente elegido para gobernar la Argentina en el período 2015-2019, pero su aplicación solo será posible si ese funcionariado tiene el acompañamiento de las fuerzas que configuran la oposición y que estén representadas en el Congreso Nacional.

[1] Firmaron la Declaración de compromiso, además de los candidatos presidenciales, la UCR, el Partido Socialista y el GEN.