La semana de la energía

El incremento de la tarifas energéticas se convirtió en uno de los temas políticos más importantes de lo que va de la gestión de Mauricio Macri. Es raro, si tenemos en cuenta que siendo el reajuste de precios un hecho eminentemente técnico y económico, habitual en economías inflacionarias, el mismo haya tenido la escalada hasta el primer plano político e institucional y haya involucrado a los tres poderes del Estado en su resolución en un papel protagónico principal. Ayer fue el turno del Poder Legislativo, que virtualmente interpeló al ministro de Energía por más de 8 horas poniendo en discusión no solo la cuantía de los aumentos en sí, sino también toda la política energética oficial. El jueves se espera el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La indefinición que impide la poner en práctica la concreción de un incremento de tarifas dispuesto por el gobierno en el primer trimestre del año es un hecho grave, traumático, y único en la historia energética argentina. En un país como el nuestro con larga tradición inflacionaria “tarifazos” hubo muchos. La décadas del 60, 70 y 80 fueron prolíficas en materia de estos incrementos; sin embargo, las correcciones fueron siempre pacíficas y aceptadas por la población.

Es obvio que a nadie lo entusiasma un incremento de precios que siempre obliga a un reacomodamiento de la economía familiar y al cual hay que acostumbrarse dejando pasar los días. Pero la experiencia histórica prueba que al final siempre se imponía el criterio de la administración. Solo cabe recordar como hecho puntual y traumático el incremento del precio de las naftas dispuesto en 1975 por el ministro de Economía de Isabel Perón Celestino Rodrigo —el rodrigazo— que llevó los precios de 500 $/litro a 1.500 $/litro; un incremento del 200% que “enloqueció” a toda la sociedad, incluyendo movilizaciones gremiales y provocó la caída del equipo económico.

El hecho actual es único por varias razones: a) se produjo después de 15 años de un virtual congelamiento de tarifas; b) las tarifas congeladas se conjugaron con el montaje en paralelo de un sistema de subsidios energéticos presupuestarios sin precedentes, financiados con emisión monetaria; c) la corrección tarifaria aplicada desde febrero de este año careció de gradualidad y para una parte de los usuarios tuvo proporciones exorbitantes; d) hubo errores de cálculo reconocidos para una parte de los usuarios; e) el aumento fue simultaneo en todo el país; f) se superpusieron los aumento de gas y los de energía eléctrica; g) y para finalizar, los aumentos se produjeron al comenzar el invierno, lo que combina el aumento de las cantidades consumidas con el incremento de los precios unitarios, provocando mayores aumentos facturados vs. la factura del período inmediatamente anterior.

Una reflexión adicional es que los incrementos en las tarifas energéticas no fueron los únicos. Hubo incrementos en el transporte de colectivos, ferroviario y aéreo, y también en impuestos municipales y agua potable. Sin embargo, solo los incrementos en Energía fueron los que constituyeron el hecho político relevante a destacar. Los demás fueron relativamente bien tolerados por la población.

La situación a mediados de semana es confusa y todavía de difícil pronóstico. El ministro Aranguren soportó el debate en diputados. Como en todo debate intenso, dio y recibió en igual proporción. ¿Que quedó en el aire? Dos sensaciones. La primera de ellas: el Gobierno no tiene plan B, o por lo menos no explicó su existencia. Los esfuerzos estuvieron puestos en justificar —uso excesivo de argumentos— ante un auditorio definitivamente cuestionador, las decisiones de los incrementos adoptadas en el primer trimestre. La oposición liderada por el kirchnerismo, por su parte, hizo una crítica total y absoluta. Dos mundos que no se tocan. Esto no es bueno, van solo 8 meses de gestión.

Hacia final de semana conoceremos el pronunciamiento de la Corte. Ese pronunciamiento, aún siendo favorable para el gobierno, podría llevar también a callejones sin salida. Porque lo que está discusión no es un simple procedimiento burocrático (vg. si hubo o no audiencia pública), sino la cuantía misma de los incrementos y la capacidad real de muchos usuarios de poder afrontar esos aumentos en momentos en que la pobreza y la indigencia crecen.

Mientras tanto, ahora, en agosto de 2016, Argentina es un país donde el petróleo, la nafta y el gasoil son muy caros y las tarifas eléctricas y de gas están atrasadas. Es inexplicable cómo a nadie se le ocurre hacer una maniobra combinada y políticamente inteligente: bajar los precios de los combustibles y simultáneamente subir las tarifas eléctricas y de transporte y distribución de gas natural.