La corrupción en la obra pública

Especial para 7 miradas

En las últimas semanas ocuparon la primera plana de los diarios hechos de corrupción de escala planetaria: el primero de ellos es el conocido como “Petrolao” que involucra al gigante petrolero sudamericano Petrobras. El segundo es el enjuiciamiento de la Infanta Cristina, hermana del rey Felipe VI de España, y sexta en la línea sucesoria al trono.

Creo que el tema merece analizarse y sacar algunas conclusiones generales que puedan ser de aplicación a la política argentina. Para decirlo de un modo más claro: hay suficientes elementos para poner “barbas en remojo”.

El caso de la Infanta y su marido Iñaki Urdagarín involucra a personas, allegadas al poder, que toman decisiones individuales en provecho propio, y viene a comprobar que aún en el Palacio se puede esconder la corrupción, el tráfico de influencias y el fraude fiscal. Si eso fuera llevado a categoría de verdad universal habría que elevar a “política de estado” la idea de que la salud moral de una República parte siempre del vértice del poder y en consecuencia debería ser cuestión de estado la vigilancia y transparencia de todo lo que ocurre en ese vértice de poder. Un razonamiento de este tipo obliga a apuntar los cañones de las investigaciones más exigentes a “nuestros palacios” y nuestro primer palacio es Balcarce 50 CABA. Hay varios “casos piloto” en la política argentina que sugieren que allí habrá un verdadero filón.

El caso del Petrolao viene a poner sobre el tapete otra cuestión relevante, mucho más institucional, de mucho mayor volumen económico. Se refiere al tema de la gran corrupción en la obra pública e involucra –cual mecanismo de relojería- a varios actores: el gobierno brasileño; la empresa petrolera mixta Petrobras dirigida por el estado brasileño; las grandes empresas constructoras privadas que conforman el establishment constructor brasileño*; funcionarios corruptos a cargo de las licitaciones;  y finalmente, a la política. Una madeja mucho más grande y compleja. Si todos los eslabones estuvieran coordinados ya no se trataría ya de “la corrupción individual de palacio”, sino de una gran “corrupción sistémica”.

La realidad es que en Brasil el tema podría pasar de ser una denuncia por estafas y negociados al interior de una gran corporación como es Petrobras por un monto de 4000 millones de US$ con actores empresarios y funcionarios corruptos a involucrar al propio gobierno y a la financiación de la política por medio de las obras públicas y los grandes emprendimientos de infraestructura.

La cuestión no es menor. La pregunta es: ¿Dilma y su Gobierno son las víctimas de los empresarios corruptos o por el contrario son beneficiarios directos o indirectos de estas prácticas abominables? Si la cifra de 4000 millones de u$s fuera cierta es difícil pensar que se pudiera tratar de un negocio circunscripto solo a un bolsón aislado de corrupción; y en ese caso habría que internarse por una operación de gran escala donde no cabrían ausentes o desinformados a nivel de las elites gobernantes brasileñas. La justicia brasileña dirá su última palabra y veremos si antes el gobierno brasileño actúa o no para cerrar el grifo de la corrupción y corregir la situación.

Hasta acá los hechos. Quedaría para otro artículo analizar las diferencias doctrinarias entre cómo se maneja Argentina en temas similares comparando como se manejaron estos temas en los respectivos países. Pareciera a simple constatación que Argentina tiende a “tapar”, mientras que el mundo tendería a “destapar” los casos. Solo un ejemplo: el escándalo de la Infanta Cristina y su marido en España llevaron a la abdicación de su padre el rey Juan Carlos y a excluir a la Infanta de la familia real. La comparación solo con el caso Boudou en nuestro país no deja lugar a dudas que los enfoques gubernamentales son diferentes en ambos casos.

En nuestro país, son varias las denuncias que están siendo investigadas, la mayoría de las cuales fueron iniciadas por el periodismo de investigación y, casi siempre, negadas por el Gobierno, a pesar que los jueces parecen ir dándoles la razón a los periodistas. Hay razones y datos para suponer que en los últimos años hubo un cartel constructor de obra pública que se enriqueció con los sobreprecios de obras que en algunos casos fueron comprobados. Hay razones para pensar que esto formó parte de un “modus operandi” que benefició a empresarios amigos del poder y fundadas sospechas e investigaciones judiciales en curso sobre la financiación política y el enriquecimiento de altísimos funcionarios por esta causa.

Para colmo de males el gobierno argentino actúa como si tuviera algo grande que esconder y proteger. La cuestión de los fueros para los parlamentarios del Mercosur aprobados en la última semana del año es la muestra elocuente de este comportamiento equívoco.

Varias son las preguntas políticas que la sociedad civil debería formularse: 1) ¿estamos a salvo en Argentina de que se estén cometiendo los mismos escándalos?; ¿Cómo se financia la política en Argentina en los últimos 30 años?; ¿son adecuados los controles antes, durante y posteriores del sistema de construcción de grandes obras de infraestructura en Argentina?; ¿en la Argentina es aceptable socialmente enriquecerse con la contratación de obras de infraestructura? ; ¿la corrupción es sancionada moralmente o solo es sancionado el corrupto descubierto in fraganti? ¿Los políticos y funcionarios se enriquecen con el paso por la función pública?

Argentina es un país con grandes deudas en esta materia y quizás sería el momento de cambiar el enfoque sobre el tema de la gran corrupción investigando las líneas de la financiación de la política, bajo la firme sospecha que podemos estar parados sobre un volcán. ¿Entrará este tema en la Agenda Pública 2015? Quizás sea el momento de apuntar un gran “mani pulite”, o dicho en castellano, a un NUNCA MÁS de la Corrupción.



* Mendes Junior; Camargo Correa; OAS; Engevix entre otras 

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Publicado en: Actualidad, Opinión, País Energético
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