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Por Jorge Lapeña
Hasta bien entrado el Siglo 20 la Energía como hoy se la entiende no era una “cuestión de estado”. Era más bien una cuestión del dominio particular de las personas y como mucho de organizaciones más pequeñas de lo que hoy se conoce como el Estado. El campo y la producción de alimentos en general dependían de las energías renovables (el viento; la leña; la energía animal). Los usuarios (industriales, residenciales, transportes) autogestionaban su propia energía. El advenimiento de la energía eléctrica a fines del siglo 19 , una forma mas evolucionada de las que hasta entonces se utilizaban, es un hecho que se organiza en torno al estado municipal; a las organizaciones cooperativas y los emprendedores privados, pero al principio con muy poca ingerencia del Estado nacional.
Si bien la revolución industrial entre otros factores fue posible gracias a la invención de la máquina de vapor y al consumo cada vez más intensivo de formas concentradas de energías, no nos consta que los gobernantes del Siglo 19 hayan estado preocupados por el concepto estratégico de la energía. El Siglo 20 en cambio es el siglo de la urbanización y con ello de la concentración de los consumos; también de la especialización: quien consume la energía no la produce, ni la transporta, ni la distribuye; es más puede ignorar olímpicamente cómo se realiza este proceso.
Por otra parte, la energía presenta economías de escala: no es posible producir la propia nafta, ni el gas natural, ni la energía eléctrica que consumimos porque –con muy escasas excepciones- ello no sólo sería antieconómico sino lisa y llanamente imposible. Esta es la razón que ha llevado a que todos los gobiernos modernos tomen a la Energía como una cuestión de estado: es estratégico para un país que el suministro se realice sin interrupciones reales o potenciales; es fundamental que los precios sean los mas competitivos posibles para el funcionamiento de la industria; es fundamental que los usuarios paguen sólo los precios justos y que se eviten las conductas monopólicas. También es fundamental que los gobiernos aseguren a todos el acceso a la energía bajo un apotegma: quién no puede acceder al consumo de energía es un excluido; y en cierto sentido un excluido político – excluido de la polis – en sentido aristotélico.
Un sistema energético que funciona en forma correcta debe asegurar el cubrimiento de la demanda en condiciones físicas y económicas adecuadas. Lo debe hacer además en forma segura y sustentable a lo largo del tiempo.
Nuestro sistema energético presenta las siguientes deficiencias:
a) La matriz energética es fuertemente dependiente de los hidrocarburos líquidos y gaseosos;
b) La demanda energética es fuertemente creciente en todos los rubros;
c) La producción argentina de hidrocarburos es crónicamente decreciente desde 1998 en petróleo y desde 2004 en gas natural;
d) La oferta interna al ser menor que la demanda ha reducido velozmente los saldos exportables del sector energético y Argentina se transformó en un país fuertemente dependiente de las importaciones (fuel oil, gas oil, gas natural y energía eléctrica);
e) Argentina se transformó en un país energéticamente dependiente. El Balance Comercial del sector energético que Argentina 2006 era superavitario en 5600 millones de u$s; el mismo se ha transformado velozmente en un balance comercial deficitario que este año alcanzará a los 3600 millones de u$s;
f) El desbalance comercial continuará, porque tiene características estructurales, y se prevé que en 2012 podría alcanzar los 8000 millones de u$s. Esta situación comprometerá sin duda todo el sector externo.
g) Las importaciones serán costosas y comprometerán al sector externo; pero además al no haber sido planificadas por el gobierno que se ha empeñando en forma sistemática en negar la “crisis energética” se realizarán en forma no trasparente; con proyectos de importación que posiblemente compitan entre sí, todo lo cual podría encerrar grandes sobre costos para el erario público;
h) La inversión privada está en retroceso: no ha habido inversiones en ampliaciones en refinerías y tampoco en exploración petrolera por parte del sector privado que al no encontrar las condiciones económicas e institucionales favorables se ha retraído siendo la causa de disminución de la Oferta. La inversión pública por su parte en esta área es ineficiente y no logra compensar esa disminución;
i) Las tarifas y los precios energéticos están fuertemente retrasados, particularmente en los segmentos regulados (gas natural y energía eléctrica) por una errónea política gubernamental que ha abusado innecesariamente de la Ley de Emergencia Económica congelando tarifas y generando con ello una magnitud de subsidios compensatorios indiscriminados que llevan a una situación deficitaria al Presupuesto Nacional. Los subsidios energéticos junto a los subsidios al transporte crecen dentro del presupuesto a una velocidad mayor que el crecimiento de los ingresos presupuestarios, y en magnitud, superan a todos los subsidios sociales.
El desbalance de nuestro sector energético constituye una cuestión importantísima que debe ser corregida; de persistir la tendencia actual Argentina enfrenta un problema presupuestario mayúsculo que lleva al déficit presupuestario creciente y al déficit de la balanza comercial. Los superávits gemelos comercial y presupuestario fueron presentados en el relato oficial como los pilares del Modelo K; ambos se evaporan por culpa del maldito sector energético.
Ante esta situación pueden pasar varias cosas: o cambian el relato; o cambian el Modelo K, o hacen el ajuste. Si se deciden por hacer el ajuste habrá incomodidades y costos políticos. Sobre estos temas debería debatirse a fondo el Parlamento a la hora de aprobar el presupuesto nacional. Todos los números están en el proyecto de ley; todos los números deberían ser explicados. La oposición parlamentaria debería ser capaz de exigir las explicaciones.
13 de octubre de 2011