El Acuerdo Argentina- España –México sobre el monto indemnizatorio a Repsol

El 25 de noviembre se firmó  un acuerdo entre Argentina, España y México, por el cual se ofrece a Repsol un monto en concepto de indemnización por la expropiación del 51% de las acciones realizada en abril de 2012.

CONSIDERACIONES RESPECTO A LA OPORTUNIDAD 

Es importante que se resuelva este tema en el corriente año,  o en las próximas semanas. El acuerdo incluye el pago del  precio del 51% del paquete accionario expropiado a Repsol, y  la forma de pago de dicho monto. 

Mientras esto no ocurra, la expropiación por causa de utilidad pública realizada en 2012 con la sanción de la ley aprobada por amplia mayoría en el Congreso en abril de 2012, es un hecho irregular e incompleto, y fuente de numerosos litigios judiciales y comerciales. O sea que el acuerdo perfecciona la operación de expropiación mediante el pago al expropiado 

Este tema no debería quedar pendiente para su resolución por el próximo gobierno. El  próximo gobierno, que comience en 2015 debe comenzar su gestión con este problema resuelto.

CONTENIDO DEL ACUERDO 

NO SE CONOCE EN DETALLE

CONSIDERACIONES SOBRE EL CAMBIO DE PROCEDER GUBERNAMENTAL 

En principio se puede afirmar lo siguiente: 

a)      El Gobierno argentino que había tomado una acción unilateral  de expropiación en abril de 2012; precedida por una espectacular Intervención de la Empresa por Decreto de Necesidad y Urgencia ahora recurre a un acuerdo internacional  para fijar el monto indemnizatorio; 

b)      La oposición política parlamentaria, sin la cual no hubiera sido posible la sanción de la ley de expropiación, estuvo siempre desinformada o mal informada sobre los montos que debería afrontar el país por el pago de la expropiación; 

c)       El discurso gubernamental (Kicillof) que en abril de 2012 fijaba el valor de la empresa en un valor prácticamente nulo, en el acuerdo actual se transforma, aceptando un valor en activos líquidos de 5.000 millones de US$; 

d)      Este valor es inferior a los 10.500 millones que solicitaba Repsol, por lo menos en las declaraciones de sus directivos (Antonio Brufau), pero es muy superior al valor que asignaba a la empresa el discurso gubernamental hasta el presente[1]; además, supera el valor de libros del 51% del paquete accionario expropiado (aprox. 3.500 millones de u$s según el último Balance trimestral).

EL GOBIERNO  DEBE EXPLICITAR EL ACUERDO Y JUSTIFICAR  CON ADECUADO RESPALDO EL MONTO OFRECIDO. 

El gobierno debe justificar la tasación de los activos según lo previsto en la legislación respectiva, que fue invocada en oportunidad de sancionar la ley de expropiación del 51% del paquete accionario de YPF en abril de 2012.  

El valor de 5.000 millones de US$ en “activos líquidos”, debe estar respaldado en cálculos de valuación empresaria. Estos cálculos deben ser conocidos y auditables. El Congreso debe ser informado en detalle sobre esta cuestión.  El jefe de Gabinete debería informar detalladamente sobre este tema. 

En resumen, el Congreso debe solicitar información sobre el contenido del acuerdo firmado entre los funcionarios de los tres países reunidos en Buenos Aires el 25 de noviembre pp; y además sobre la tasación empresaria que fundamenta el monto ofrecido.

¿Por qué es importante de alcanzar un acuerdo definitivo sobre este conflicto? 

Argentina necesita salir de la situación de crisis energética profunda en la que se encuentra, a la cual nos llevó la irracional política energética de la administración de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Hay que cambiar la política de estos 10 años. 

Necesita generar un programa de inversiones en varios frentes: 1) exploración convencional en las cuencas sedimentarias continentales y marinas; 2) exploración y explotación de los yacimientos no convencionales de Vaca Muerta; 3) Ampliar su capacidad instalada en refinación; etc. 

Esto requiere implementar políticas claras de inversión en múltiples frentes. Esa inversión no vendrá si la Argentina no es capaz de mostrarse como un país confiable. Se requiere poner en orden los litigios pendientes, formular políticas claras, sancionar leyes modernas, desarrollar normativa exigente y expresar un discurso confiable.