Sobre la sorprendente denuncia de cartelización y abuso de posición dominante del gobierno contra las petroleras

El mercado de los en Argentina en 2012

La configuración del mercado muestra en nuestro país un oligopolio (5 empresas) fuertemente concentrado con gran preeminencia de una de ellas (YPF).La oferta en 2012 es insuficiente para abastecer eficazmente a la demanda interna; existe un retraso notable en la inversión de la ampliación de la capacidad instalada. En este contexto, se debe recurrir a la importación de grandes cantidades de los combustiblesfaltantes (gas oil, fuel oil). Estas importaciones, para ser vendidas en el mercado interno – intervenido y distorsionado por la acción gubernamental y con precios deprimidos respecto al internacional-, tienen que ser exoneradas de los impuestos (ITC) para no impactar en el surtidor.

Nuestro sistema de suministro de combustibles funciona en forma adecuada. En este contexto y usando la forma poco usual de la “conferencia gubernamental interministerial” el gobierno acusó a las empresas petroleras de estar cartelizadas y de ejercer conductas anticompetitivas en perjuicio de los consumidores cobrando sobreprecios de hasta un 30%.

Parece mucho. Sobre todo porque si esto fuera realmente así, estaría hablando de un gobierno poco eficaz para controlar las conductas anticompetitivas; para decirlo de un modo más sencillo, se trataría de un gobierno inoperante que dejó actuar al oligopolio a sus anchas. El sobreprecio denunciado parece mucho, también, porque el oligopolio tiene en YPF un “Primus Inter pares” que maneja el 60 % del mercado y precisamente el gobierno participa en el Directorio del mismo.

La confusa intervención gubernamental

Como ocurre en casi toda la cadena energética (gas natural, energía eléctrica y combustibles líquidos), los precios de los combustibles en el mercado argentino son inferiores a los que rigen en la región y en el mundo; esto es una “bomba de tiempo” cuando el país se tiene que volcar a las compras en el mercado internacional como le ocurre a la Argentina. El mercado argentino está fuertemente perturbado por la acción gubernamental y los subsidios empiezan a ser insostenibles. Esto está más que probado por innumerables Informes técnicos de alta calidad.

Si bien el mercado argentino de combustibles opera desregulado con precios no fijados oficialmente de acuerdo a la normativa vigente de los años 90 que este gobierno no ha alterado en lo más mínimo (ley de y su normativa reglamentaria), en los hechos es un mercado intervenido fuertemente por la acción gubernamental. Esta intervención se manifiesta de modo autoritario; al margen de la legislación, en forma errática y poco clara.

Tanto se superponen las directivas de los funcionarios; los aprietes y las llamadas telefónicas para “sugerir precios de venta” que al final todo se hace engorroso y en determinado momento irracional y cómico. El gasoil se vende en surtidor neto de impuestos a un valor del 2,6 $/l; cuando el gasoil es de procedencia importada este valor neto de impuesto debería venderse en surtidor a 4.0 $/l (o sea a un 50% mas elevado que el actual). Como cada vez una porción mayor del mercado interno argentino es abastecida con gasoil importado, la suba de precios ya debería haberse notado en el surtidor y con ello en el bolsillo de los consumidores o automovilistas. Una elemental deducción sería entonces: si se fija o se manipula el precio en surtidor para que la gran mayoría no se de cuenta que algo malo pasa, es probable que algún segmento del mercado vea subir el precio mas de la cuenta y, entonces, puede ser lógico que el afectado “ponga el grito en el cielo”.

Sale a la luz el perjudicado, que pone el grito en el cielo

El segmento del mercado afectado es, en primera instancia, el de los transportistas de pasajeros que, según lo denunciado, compran a un valor mas alto que el del surtidor (esto no está probado y algunas empresas como Shell han negado terminantemente tal aseveración), pero como una parte muy importante del gasoil para transporte está subsidiado, y el que paga el subsidio es el gobierno, por lo tanto era el gobierno el que se estaba comiendo el “sobreprecio”; y por lo tanto fue el Gobierno el que “puso el grito en cielo”. Así parece claro y por lo menos tenemos una hipótesis provisoria de lo que realmente pasó que es para todos todavía poco claro.

La función del Gobierno en la vigilancia de los mercados energéticos

En relación al mercado de los combustibles todo gobierno debe realizar dos acciones fundamentales que a mi criterio el gobierno argentino no realiza: 1) asegurar el abastecimiento a largo plazo del mercado promoviendo las condiciones para que se realicen las inversiones en la ampliación de la oferta sobre todo exploración petrolera y ampliación de refinerías (ley 17.319), y 2) vigilar la competencia evitando las conductas monopólicas en un mercado concentrado como este (art. 42 de la CN).

Nuestro gobierno ha hecho la semana pasada una denuncia grave: ahora esperamos que la fundamente adecuadamente y explique las reales distorsiones observadas cualitativas y cuantitativas, y sobre todo de justifique sus denuncias. Decir un que existe 30% de sobreprecio es mucho para dejar el tema en el olvido.

Posiblemente esa denuncia realizada a las apuradas esté demostrando que al gobierno se le están yendo de las manos las grandes cuestiones que atañen al funcionamiento de su sector petrolero.

25 de enero de 2012

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Publicado en: Opinión, País Energético
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