05/05/2016

El sector energético busca su equilibrio

Por Jorge Lapeña

Publicado originalmente en El Economista, el 27/04/2016

Tal como se preveía, la energía concentra la atención de los gobernantes y los gobernados. La cuestión plantea a la Administración situaciones dilemáticas y la resolución de dichas situaciones puede generar sobresaltos y costos políticos. 

Han transcurrido apenas cuatro meses y medio desde la asunción del nuevo Gobierno. Tal como se preveía, la energía, por su importancia dentro de la infraestructura; por la intensidad de capital de los emprendimientos; por la característica de ser un sector de demanda creciente con suministro en crisis y, fundamentalmente, por el hecho de que se trata de un sector proveedor de un insumo insustituible para el funcionamiento económico y social de la Nación, concentra la atención de los gobernantes y los gobernados.

El transporte, el agro, la industria y el comercio dependen para su funcionamiento de un suministro energético seguro, confiable y con un costo competitivo. Ni las ciudades ni los hogares pueden funcionar sin ese suministro. Esta característica le da al sector energético un “toque único”. La inversión en ampliación de la infraestructura energética –nuevas centrales eléctricas, redes de transmisión y de distribución eléctrica y gasífera– no se puede interrumpir so pena de no abastecer en un plazo mediato la demanda.

La cuestión plantea a la Administración situaciones dilemáticas y la resolución de dichas situaciones puede generar sobresaltos y costos políticos.

 Los inversores privados vienen de años dificilísimos en los cuales el imprudente congelamiento tarifario del período 2002-2015 de los servicios públicos energéticos dejó a las empresas en una situación patrimonial incompatible con los requerimientos de inversión impuestos por el crecimiento de la demanda. Difícilmente se pueda esperar en forma realista de ellos un empuje inversor excluyente.

En tanto, la inversión pública promovida por el Gobierno anterior –centrales nucleares, las centrales hidroeléctricas del río Santa Cruz, grandes gasoductos en construcción y centrales térmicas inconclusas– no pueden ser impulsadas por la nueva Administración sin hacer un exhaustivo análisis previo, ya que en dichas obras se conjugan tanto la sospecha de la utilización de la construcción como forma suprema de corrupción –lo que está siendo investigado por la Justicia y que ciertamente excede al sector energético–, como el hecho de que dichas obras carecen de los estudios de factibilidad más elementales que sirvan para justificar las decisiones de construcción. Todo ese universo está atravesado por la irracionalidad económica y además carece de buena técnica ingenieril.

El tercer problema que aqueja al sector energético se refiere a la relación que los incrementos tarifarios en curso de implementación tienen con otras variables de la economía como son la reducción de los subsidios energéticos, el déficit fiscal y los impactos inflacionarios de estos incrementos en el salario. 

Dentro de este complicado contexto de corto plazo, cuya dinámica se desconoce, se inscribe un problema mayor, de largo plazo y de alcance planetario que no puede ser ignorado: la imperiosa necesidad de abastecer la demanda energética nacional futura con una matriz energética que reduzca la emisión de gases de efecto invernadero en un todo de acuerdo a lo firmado en la Cumbre del Clima de París (COP 21). Ello significa una matriz energética menos petrolera que la actual y mucho más recostada sobre los recursos renovables. Desde ya esto plantea un problema: la corporación petrolera argentina, que es concentrada y poderosa, resistirá y ello demandará la asunción de definiciones políticas de la sociedad.

En resumen, la energía se ubica en el centro de un complejo sistema de decisiones, que afectarán al conjunto de los actores económicos y sociales en una forma que aún es difícil de predecir.

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Publicado en: Opinión, País Energético
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