El periodismo de investigación y los vicios en la sanción de las leyes en Argentina

Está universalmente aceptado por la ciencia política que el periodismo independiente juega un rol esencial en la Democracia moderna. Periodismo independiente quiere decir fundamentalmente independiente del gobierno de turno. Cuando no hay periodismo independiente el gobierno deja de estar controlado y sus dejan de ser transparentes. En ausencia de periodismo independiente el ciudadano se desinforma; en consecuencia la Democracia empeora. Las dictaduras sin excepción atentan contra el periodismo independiente. Las tiranías, además asesinan periodistas.

El periodismo independiente suele ser molesto para quien no quiere ser controlado. Sarmiento, por ejemplo, fue terriblemente molesto para Rosas. El diario La Prensa fue terriblemente molesto para el Perón joven de los ‘50; y muchos periodistas fueron exterminados en nuestro país en los ‘70.

Dentro del periodismo independiente existen especialidades; una de ellas es el periodismo de investigación. Con paciencia de entomólogos, y con menos requerimientos procesales que los fiscales, los periodistas de investigación recopilan datos, entrevistan informantes, deducen, y muy importante, un día publican sus conclusiones y, dependiendo del lugar donde se publiquen las noticias les puede esperar la gloria, la injuria  pública, la cárcel, o a veces la muerte.

En países con Democracias avanzadas: el resultado de una publicación de una investigación puede tener resultados espectaculares y ejemplares: Richard Nixon, el hombre más poderoso del planeta tierra, tuvo que renunciar rendido ante las evidencias de las investigaciones de los periodistas de Washington Post Carl Bernstein y Bob Woodward , quienes trabajaron para desenredar una compleja maraña cuyos hilos apuntaban a la Casa Blanca a través del Comité para la Reelección del Presidente de  Nixon. Los periodistas recibieron la ayuda anónima de un informador que se hizo llamar Garganta Profunda, cuya identidad no fue revelada hasta treinta y tres años después del escándalo.

Unos años más tarde, el candidato Demócrata Gary Hart tuvo que renunciar a la candidatura por algo más simple: había mentido sobre una relación íntima que había sido descubierta por periodistas de investigación.

Nos queda a todos claro que Argentina no es Estados Unidos, y que las exigencias morales y legales de la República norteamericana – apenas 35 años más longeva que la nuestra-  son infinitamente mayores que las de aquí.

Sin embargo, me interesa puntualizar que Argentina tiene muy buenos periodistas de investigación: en este mes de noviembre, Jorge Lanata* hizo un excelente programa sobre el funcionamiento del sector energético argentino, en el que demostró lo mal que funciona. Es bueno que el programa se haya hecho; lo vi y refleja, a mi criterio, razonablemente lo mal que ese han hecho las cosas estos años en energía. Pienso que lo habrán visto unos 2 millones de personas. Reflexión: después de ver el programa, la gente sabe más del tema que antes de verlo.

En el mismo orden de ideas, es sintomático que el Sr. Federico Eláskar esté procesado en la causa por lavado de dinero y el Sr. Leonardo Fariña este preso a raíz de declaraciones realizadas ante y publicadas por  el periodismo de investigación.

Finalmente y para no abundar es un escándalo sin precedentes la situación que pesa sobre el Vicepresidente de la Nación, definitivamente encarrilados en la justicia pero impulsados originalmente por el periodismo.

Un caso actual de periodismo de investigación en energía

En este contexto, quiero referirme a la investigación realizada por los periodistas del Diario La Nación, Hugo Alconada Mon y Francisco Olivera, cuya publicación se realizó el día domingo 9 de noviembre y lunes 10 de noviembre de 2014.

El primero de ellos lleva por título “Chevron condicionó el acuerdo con YPF a la reforma de leyes clave”. En este extenso artículo,  los periodistas afirman que  El gigante petrolero norteamericano Chevron condicionó la firma del acuerdo con para invertir en el yacimiento Vaca Muerta a la reforma de leyes federales y provinciales, y a la aprobación de nuevas normas. Y esas modificaciones debían resultar de su “entera satisfacción” para que comenzara a traer capitales a la Argentina, según consta en documentos que firmaron las petroleras cuyas copias obtuvo LA NACION”.

En este punto, debo afirmar: si esto fuera cierto, cabría repetir la frase de Arturo Frondizi, pronunciada en 1955 en relación al acuerdo que Perón firmó con la SOCAL  “la California” a la cual se le concedían más de 50.000 km2  en  la Provincia de Santa Cruz, en una entrega sin precedentes, al cual calificó como “la marca física del vasallaje”, que finalmente no fue firmado.

El segundo artículo de los periodistas citados lleva por título “Para evitar enbargos, YPF y Chevron crearon complejas sociedades

En este caso, el artículo sostiene que “Las petroleras YPF y Chevron crearon un complejo entramado societario en paraísos fiscales de Estados Unidos y el Atlántico Norte para que los US$ 1240 millones de la inversión para Vaca Muerta no pudieran ser embargados por dos grandes contendientes: la petrolera española Repsol y los pueblos originarios de Ecuador, según surge de documentos que  obtuvo LA NACION y del relato de altos ejecutivos de la compañía local que participaron de las negociaciones”.

Ante estas afirmaciones, la reacción gubernamental y empresaria fue la siguiente: Chevron no se expidió; el Gobierno por vía del Jefe de Gabinete negó el hecho, e YPF emitió un comunicado en donde se autocalificó como una empresa privada. Hasta ahora un clásico: el Gobierno dice que está todo bien.

 

Reflexión final

¿Está realmente todo bien?

No.

La ley fue aprobada sin consenso de la oposición en un sospechoso trámite exprés; los gobernadores fueron prácticamente domados de urgencia en un toma y daca sin precedentes; el impulsor del proyecto fue YPF (¡una empresa que se autodefine como privada!); se otorgan prórrogas prácticamente a perpetuidad a los tenedores de las áreas; todo muy pero muy oscuro y, por lo tanto, muy sospechoso.

Mi propuesta es que se haga un pedido de informes en la Cámara de Diputados y en la de Senadores, avalado por la oposición y los diputados y senadores oficialistas que se quieran sumar, que se declare a YPF como una empresa auditable por la Auditoría General de la Nación y se encomiende urgente a este organismo de raigambre constitucional una auditoría sobre la misma desde la estatización hasta el presente (mayo 2012- octubre 2014).

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*Periodismo para todos, Canal 13

 

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Publicado en: Actualidad, Opinión, País Energético
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