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Por Jorge Olmedo
Artículo publicado en la revista Proyecto Energético n° 94, publicada en el mes de mayo de 2012
El IAE “General Mosconi” ha venido alertando desde fines de los años 90 sobre la existencia de problemas estructurales en el sector energético, que hace pocos meses han sido finalmente reconocidos por el gobierno nacional.
Desde fines de los años 90, el IAE alertó mediante documentos y artículos sobre la existencia de síntomas que mostraban un funcionamiento deficiente del sector energético argentino. Su corrección requería aplicar reformas sin dilación.
A principios de 2003, al publicar la “Nueva Agenda Energética”, se planteó la necesidad de adoptar una nueva política energética para superar serios problemas de fondo.
Posteriormente, en los primeros meses de 2004, el desajuste entre oferta y demanda se hizo evidente; se fue agravando por el efecto combinado de una creciente demanda energética impulsada por la recuperación económica y de una insuficiente oferta de gas natural para hacer frente a esos requerimientos, ante lo cual el gobierno de Néstor Kirchner dispuso el corte del suministro a los países vecinos y al sector industrial.
Frente a este panorama, el IAE difundió que nuestro país ingresaba en una crisis energética de características estructurales, que de no ser adecuadamente tratada comprometería en el mediano plazo el normal abastecimiento interno de servicios públicos esenciales (gas y electricidad), con afectación a los países socios del MERCOSUR.
En aquel momento, ocho años atrás, señalamos lo siguiente:
En los años siguientes, los indicadores del funcionamiento sectorial se han ido deteriorando; el desequilibrio entre oferta y demanda afecta a los sectores productivos y es percibido en forma clara por la población. Esto ha ido originando una creciente preocupación e incertidumbre en todas las regiones del país.
Por su parte, el Gobierno Nacional adoptó como política permanente seguir negando la existencia de estos serios problemas. Es más, en el afán de minimizarlos, se oculta información y se descalifica a quienes expresan disidencias con la visión oficial.
El IAE continuó alertando sobre las restricciones que afectan el normal suministro de combustibles líquidos, gas natural y electricidad, reclamando al Gobierno Nacional que no demorase en decidir “un cambio de rumbo”, imperioso para superar los riesgos de desabastecimiento (actuales y futuros) y para atenuar su impacto muy negativo en la macroeconomía (cuentas fiscales y externas).
En este sentido, es innegable que el déficit energético se convirtió en el gran responsable de la licuación de los llamados “superávit gemelos”, en virtud de las crecientes importaciones de gas natural y de derivados petroleros.
Ante esta situación, venimos proponiendo un profundo cambio en la política energética nacional – una reforma energética integral- que produzca un punto de inflexión en el actual comportamiento del sector energético, revirtiendo la declinación productiva y de reservas, la debilidad institucional y la incertidumbre regulatoria.
Al inicio del 2012, esto ha sido finalmente reconocido en forma explícita por la Presidenta de la Nación y sus principales Ministros y por los Gobernadores de las provincias productoras de hidrocarburos, bajo cuya jurisdicción y responsabilidad se desenvuelve la actividad. El actual estado de situación no es novedoso ni fortuito, sino el resultado esperable al no contar con políticas públicas de largo plazo para el sector y ante la falta de planificación estratégica. A esto se suma el haber resaltado el incremento del consumo, pero sin enfrentar la persistente reducción de la producción y de las reservas.
Ahora, el Gobierno plantea que la solución a la problemática energética pasa centralmente por tomar el manejo estatal por vía de la expropiación del paquete accionario mayoritario de YPF S.A., presentándose a esta empresa como principal responsable de la crisis para eximir al Gobierno por el muy gravoso fracaso de su política energética. Debemos alertar que esta decisión equivocada no es un plan, sino una “solución” improvisada y parcial. En consecuencia, no constituye una nueva política global para afrontar y superar un problema estructural, complejo y multifacético.
Por el contrario, se requiere aplicar una propuesta integral que comprenda un Plan Estratégico Sectorial, la sanción de una nueva legislación y la creación de nuevas instituciones estatales, que el IAE ha aportado difundiendo su Propuesta Programática, conocida como “Agenda Energética del IAE”, que es objeto de actualización permanente.