El festival los subsidios energéticos y los beneficios desmedidos a las petroleras

1.- Introducción

Los problemas profundos que aquejan al sector energético son de larga data. Los más actuales se deben a una pésima gestión kirchnerismo, que ha terminado por desquiciar las bases de la economía energética, cuyo efecto fue paralizar la inversión en expansión y en mantenimiento de las redes de distribución eléctrica en la zona de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, que son en definitiva las causales de los cortes de suministro y de la baja calidad del servicio que ya forman parte del paisaje urbano[1]. Es prácticamente imposible que empresas que han sido llevadas en 12 años al borde de la quiebra puedan prestar un servicio seguro, confiable y eficiente.

En cambio, hay otros problemas que provienen de decisiones inoportunas tomadas tiempo atrás, mucho antes de la llegada del kirchnerismo. En los años 90, una visión ideologizada y simplista creyó que privatizando todo y rápido se resolvían todos los problemas y además ganábamos plata para pagar la deuda pública. Lamentablemente, esa visión dogmática creyó que el complemento ideal de las privatizaciones era el “estado mínimo”; o mejor, si se pudiera, el estado inexistente. El final ya lo sabemos: el “estado mínimo” fue incapaz de fiscalizar a los privados y de generar estrategias de largo plazo y de planificar la energía, con el lamentable resultado que el país dejó de explorar en materia de hidrocarburos; dejó de construir centrales hidroeléctricas, y, quizás lo más importante, se dilapidaron las extraordinarias reservas de gas natural con que el país contaba hace 15 años, lo que nos llevó directamente a la importación masiva de energía y a la pérdida del autoabastecimiento.

El resultado fue desastroso. Estado mínimo en los 90, sumado a una gestión desastrosa de los últimos 12 años con un estado ineficaz como protagonista, nos muestran que la receta fue errónea por lo menos en lo que al Estado atañe.

La gestión del kirchnerismo viene haciendo ingentes esfuerzos para que estas carencias no sean notadas por la población y para ello no duda en recurrir a costosas ficciones. La más importante de las cuales son los subsidios energéticos, que alcanzan casi 5% del PBI, que son fuertemente crecientes, y que en gran parte son financiados con emisión monetaria perturbando en funcionamiento de toda la macroeconomía.

Los subsidios constituyen una verdadera maraña que el próximo gobierno deberá desentrañar con paciencia y con idoneidad, para luego desmontar hasta el punto justo en que los subsidios jueguen el rol que siempre tuvieron que jugar como integrador social para aquellos que realmente los necesitan. No todos los subsidios deben ser eliminados; sólo deben ser mantenidos los necesarios y estos deben ser, todavía, determinados.

Me interesa focalizar la cuestión de los subsidios en algunos rincones oscuros de la actual política gubernamental de subsidios.

2.- los subsidios al gas natural

Los subsidios a las petroleras, que son las que producen el gas natural, fueron creados por el Gobierno de Cristina Kirchner por lo que se conoce como “Plan Gas”[2]. Esos subsidios que reciben por primera vez en la historia energética argentina las petroleras ascendieron en 2014 a 11.299 millones de pesos (unos 1.500 millones de US$), y lo más notable es crecieron con respecto a 2013 en un 81%.

Según los datos que publica ASAP, que son altamente confiables, el ritmo de crecimiento de esta partida presupuestaria en 2015 con respecto a 2014 es del 100% anual con los datos contabilizados a mayo del presente año. Semejante velocidad de crecimiento de esta partida de subsidios —con origen presupuestario— no es sostenible por la economía argentina.

Estos fondos surgen de precios de retribución a las petroleras que producen el gas natural que no son pagados por los consumidores; dicho de otra forma, las empresas petroleras son las subsidiadas por el Tesoro nacional con fondos públicos. De esas empresas petroleras, la más beneficiada es la empresa YPF, que recibe aproximadamente un tercio de esa cantidad.

El monto subsidiado a cada petrolera no surge de un estudio específico que justifique la cuantía del subsidio para viabilizar una producción que de otra forma no se obtendría sino de un régimen general de subsidios. Este no es un tema menor y merece focalizar la atención sobre el mismo.

El 30 de junio pasado se conoció una grave denuncia de los periodistas del diario La Nación, Francisco Olivera y Pablo Fernández Blanco[3], según la cual las varias petroleras fueron beneficiadas con un precios promocionales y subsidiados para el gas nuevo de 7,5 US$/MMBTU. Se denomina “gas nuevo” al gas adicional al que ya estaban produciendo las compañías, o “gas viejo”. La teoría detrás de la medida gubernamental es que este precio incentiva una mayor producción que de otro modo no sería rentable sustituyendo importaciones.

La denuncia de los periodistas, que debería ser motivo de investigación parlamentaria o eventualmente de una auditoría por parte de la AGN, sostiene que el precio de 7,5 US$/MMBTU no se estaría pagando exclusivamente al gas realmente nuevo para el cual fue diseñado el mecanismo, sino al gas viejo que ya se producía. Si esto fuera cierto, habría un incumplimiento manifiesto de la norma que le dio origen al subsidio y un desvío injustificado de fondos públicos a las petroleras. El principal beneficiado de esta operación sería la empresa mixta YPF a costa del Tesoro. Si esto se confirma, podría destaparse un escándalo.

3.- Subsidios a la producción de petróleo

Un capítulo aparte merece el logro de la corporación petrolera —empresas petroleras, sindicatos y provincias productoras de hidrocarburos— de fijar precios internos del crudo muy por encima de los precios internacionales, que desde hace una prácticamente un año han tenido una caída espectacular en sus cotizaciones, lo que está redefiniendo la economía petrolera mundial.

La nafta y el gasoil en la Argentina se vende al consumidor —particulares, trasportistas, agro e industria— a un precio que toma como costo de la materia prima un crudo cotizado a 80 US$ por barril[4]. En este contexto, los consumidores están transfiriendo a las empresas petroleras unos 5.500 millones de US$ por año, una cifra exorbitante.

4.- Conclusión

Estamos en presencia de una fuerte irregularidad: la transferencia de fondos del tesoro nacional a las empresa petroleras y particularmente a la empresa mixta YPF, con instrumentos y fiscalización de funcionarios que están en ambos lados del mostrador.

Los Balances de YPF correspondientes al primer trimestre de 2015 indican que la empresa tiene un cuadro de resultados con una ganancia trimestral de 2.127 millones de pesos, que a los precios del dólar oficial representan unos 250 millones de US$; el comunicado de prensa de YPF, y la comunicación a sus accionistas es muy optimista. Sin embargo, nada dice sobre el hecho de que los consumidores argentinos por vía de subsidios y ayudas fiscales están sosteniendo esa bonanza con aportes que superan largamente esa cantidad.

YPF estaría recibiendo por los conceptos anteriores —subsidios a la producción de gas nuevo y sobreprecios del crudo— una cantidad de fondos que triplican[5] la ganancia trimestral. Pareciera que esto hubiera sido ya advertido por los accionistas de la compañía. A pesar de los buenos anuncios, el precio de la acción no recupera en la bolsa de Buenos Aires, y las inversiones de afuera no llegan Vaca Muerta.

[1] Ya empiezan a haber casos de usuarios que deciden una mudanza por frecuencia en cortes del suministro eléctrico.

[2] Resolución N° 1/2013 de la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas de Creación del Programa Estimulo para la inyección excedente de gas natural publicada el 18 de enero de 2013.

[3] Ver http://www.lanacion.com.ar/1806114-maniobra-del-gobierno-para-pagarles-subsidios-a-petroleraspieza

[4] El precio del crudo WTI el 8 de julio de 2015 es de 51,8 US$/barril.

[5] YPF productor del 30% del gas natural y 40% del total de Argentina estaría recibiendo una suma de subsidios del orden de los 700 millones de u$s por trimestre por parte del Tesoro y de los consumidores.