El estado de cumplimiento de los compromisos de política energética firmados en 2014

Entre los meses de marzo y agosto de 2014 los principales precandidatos a la Presidencia de la Nación para las elecciones del año 2015 firmaron la DECLARACION DE COMPROMISO sobre POLITICA ENERGETICA.

La DECLARACION fue elaborada por el GRUPO DE EX SDECRETARIOS DE ENERGIA, a propuesta de Sergio Massa, y fue firmada por Mauricio Macri, Ernesto Sanz; Sergio Massa, Margarita Stolbizer; Hermes Binner; Julio Cobos, en ese momento todos precandidatos a la Presidencia de la Nación. Además de ello firmaron la UCR; el GEN y el PARTIDO SOCIALISTA; y un buen número de líderes parlamentarios de dichos partidos.

En esencia se trata de Documento Programático en el cual los firmantes se comprometieron a utilizar como marco de referencia para la elaboración de los Programas de Gobierno. Esta característica es importante en tiempos en que las campañas políticas se diseñan cuidando de no explicitar lo que se hará si se accede al Gobierno. La DECLARACION consta de 14 puntos y fue publicado en el Libro CONSENSOS ENERGETICOS 2015[1] .

Han transcurrido ya 30 meses del gobierno de Cambiemos. El actual Presidente de la Nación es uno de los firmantes; varios de los que también estamparon su filas son figuras importantísimas del oficialismo y de la oposición en la Argentina. Veamos cómo es la situación del cumplimiento de estos compromisos programáticos generales acordados en 2014.

La DECLARACION DE COMPROMISO consta de Trece puntos “programáticos de fondo” y TRES “medidas urgentes”.

Del análisis realizado a fines de mayo de 2018 surge a primera vista un grado de cumplimiento desparejo de los compromisos asumidos. En cuatro casos se han cumplido a satisfacción los compromisos firmados, en cinco casos, sin embargo, los compromisos no ha sido cumplidos ni siquiera en sus fases preliminares. En el medio hay una franja gris de siete compromisos con cumplimientos solo parciales y/o con importantes omisiones.

Mas precisamente el análisis cuantitativo indica que en lo relativo a “los programáticos”, dos se cumplieron; 7 tuvieron un cumplimiento parcial y cuatro no fueron cumplidos. En lo relativo a las “medidas urgentes”, dos fueron cumplidas y una no fue cumplida.

Un análisis cualitativo de estado de cumplimiento de los compromisos indica claramente que permanecen incumplidos los compromisos asumidos que requerían acuerdos políticos capaces de plasmarse en acuerdos parlamentarios profundos como para aprobar leyes de fondo o insertas en una “política de Estado” con suficiente apoyo y debate como para que puedan perdurar largos períodos que contengan varios ciclos de gobierno.

Dentro de estos incumplimientos deben citarse los siguientes: 1) Reforma del Marco Jurídico de los Hidrocarburos; 2) Aprobación por Ley del Congreso del Plan Energético Nacional; 3) Ley de Programa para la construcción de nuevas Centrales Nucleares; 4) Plan Nacional de Exploración de Hidrocarburos; 5) Régimen ambiental especial sancionado por ley del Congreso para la exploración y explotación de recursos fósiles no convencionales (shale gas/shale oil); 6) aprobación de un Programa Nacional de Hidroeléctrica.

En lo que hace a las medidas urgentes propuestas en la DECLARACION es muy significativo que no se haya cumplido la primera de las medidas urgentes: la Auditoría Independiente sobre el Inventario de Reservas de Hidrocarburos en todas sus categorías.

Se han cumplido a satisfacción, en cambio, dos medidas urgentes de las acordadas en la DECLARACION: la normalización y puesta a punto -todavía en curso- del sistema eléctrico del área metropolitana a los efectos de resolver los graves problemas de suministro que tuvieron lugar en diciembre de 2013 y enero de 2014. Así como también el tema de la importación del GNL que ha sido normalizada y en la actualidad es un sistema seguro que ha disminuido los precios por una mayor competencia y al mismo tiempo por una caída de los precios internacionales del GNL; y el sistema es hoy transparente.

Dentro de las medidas programáticas acordadas se han cumplido lo atinente a la normalización de los ENTES REGULADORES ENERGETICOS NACIONALES; los procesos de REVISION TARIFARIA INTEGRAL de la empresas prestatarias de servicios públicos energéticos –gas natural y energía eléctrica- de jurisdicción nacional, la disminución del los subsidios energéticos socialmente no justificados y el establecimiento de una tarifa social para los sectores carecientes. En igual sentido, debe mencionarse que el avance en materia de promoción de la inversión de las Energías Renovables constituye un avance significativo.

Como hecho destacable, debe mencionarse que al presente existe un importante todavía conjunto COMPROMISOS ACORDADOS en los cuales el cumplimiento todavía es parcial y que aún se estaría a tiempo de cumplir en lo que falta del período constitucional del mandato si comprometieran acciones políticas concretas y eficaces con ese fin. Por contraposición se puede conjeturar que los acuerdos no serán cumplidos si se persiste en la actual situación de “cumplimiento parcial”. A título de ejemplo, podríamos plantear la siguiente pregunta a nuestros lectores: ¿Cree Ud. que el Poder Ejecutivo nacional logrará antes del fin de su mandato que el Plan Energético Nacional esté terminado y en condiciones para ser aprobado por el Congreso?

En lo personal estimo que la mayor debilidad para el cumplimiento de los acuerdos se encuentra en la organización gubernamental para darle cumplimiento, que carece de un funcionario definido con la misión específica de implementarlo, pero también de la oposición que no ha creído importante hacer cumplir lo pactado.

Finalmente, digamos a modo de conclusión que lo ocurrido en el mes de mayo con la ley de tarifas aprobada en el Congreso de la Nación y vetada por el Presidente de la Nación en ejercicio de sus facultades constitucionales demuestra que Argentina está lejos aún del ideal que significa la Política de Estado para la Energía: diálogo nulo inter fuerzas; diálogo insuficiente dentro del espacio Cambiemos; nula información al ciudadano que “tiene el derecho constitucional a informarse”, pero que aún carece de posibilidades reales de ejercer esos derechos.

[1] Grupo de Ex Secretarios de Energía. Editorial del IAE Mosconi (2015)

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