21/09/2015

Observatorio Económico

Análisis de la situación económico financiera de las principales empresas del sector energético -1er sem 2015

En este informe se presenta en forma resumida la situación de algunas de las más importantes del Sector de Energía.

Previamente se debe destacar que:

  • El Decreto Nº 664 del PEN estableció que los Estados Contables que cerraran a partir del 25 de marzo de 2003 fueran expresados en moneda nominal, es decir que no consideran los efectos de la inflación. Esto origina que:
  • El impuesto a las ganancias se liquide sobre valores que no reflejan la verdadera situación económica de las empresas. En este aspecto se han producido reclamos de algunas Sociedades que se han sentido afectadas, como Central Puerto S.A.
  • Las cifras de los Estados Contables no expresen los valores reales de los diferentes rubros que la integran; en particular, las referidas a los Bienes de Uso y sus respectivas amortizaciones.
  • Hasta el presente se mantiene vigente la Ley de “Emergencia Económica”, sancionada el 6 de enero de 2002.
  • No se han terminado de Renegociar los Contratos de las Empresas Reguladas.

 

Este último hecho ha provocado una gran descapitalización de las empresas debido a la falta de ajustes tarifarios que permitieran absorber el incremento de los costos, motivado fundamentalmente por el aumento de los precios.  Como se podrá observar más adelante, hay algunas empresas con Patrimonio Neto Negativo, y en otras la Secretaria de Energía ha dictado normas para paliar la situación.

A continuación presentaremos un breve resumen de la situación y de las medidas de emergencia que se han tomado.

 

En el Sector de Petróleo y Gas:

 

En transporte, en junio de este año el ENARGAS emitió dos resoluciones para aplicar incrementos en los cuadros tarifarios correspondientes al servicio de gas natural (TGN y TGS) a partir de mayo del 2015. No obstante, cabe advertir que la situación sigue siendo muy preocupante.

Tal es así, que Transportadora Gas del Norte declara en sus Estados Contables que “de persistir la política tarifaria vigente, TGN continuará en una situación de desequilibrio financiero, acumulando nuevas pérdidas brutas y operativas, lo que podría conducir a la Sociedad a la reducción obligatoria de su capital, de acuerdo con el artículo 206 de la Ley General de Sociedades”. Cabe recordar que dicho artículo establece que “La reducción (del capital) es obligatoria cuando las pérdidas insumen las reservas y el 50 % del capital”.

La situación de TGS es más holgada debido —fundamentalmente— a que la empresa genera gran parte de sus ingresos en mercados no regulados.

Respecto a la distribución, las novedades normativas y con impacto económico más importantes pasan por la Asistencia Económica Transitoria propuesta por esa autoridad, por la suma total de $2.590 millones a ser distribuida en 10 cuotas entre las empresas Gas Natural Ban, Litoral Gas, GASNOR S.A., Camuzzi, Gas Cuyana, Gas del Centro, GASNEA S.A., y Metrogas, aclarando que “… los fondos que reciban las distribuidoras a raíz de la asistencia otorgada no implican una modificación en la tarifa final que abonan los usuarios, no obstante dicha asistencia será considerada en el análisis que efectúe el ENARGAS dentro de la Revisión Tarifaria Integral (RTI)”.

Por otro lado, y en relación a los fideicomisos, el 8 de abril de 2015 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución del ENARGAS N° 3249/2015, en virtud de la cual las distribuidoras estaban obligadas a (i) depositar los fondos fijos cobrados por factura en el fideicomiso creado a tal efecto con las distribuidoras como fiduciante y Nación Fideicomisos S.A. como fiduciario, y (ii) someter a aprobación anual un plan de inversiones de obra de consolidación y expansión.

En consecuencia, con motivo de la entrada en vigencia de la Resolución del ENARGAS N° 3.249/2015, a partir del 1° de abril de 2015 los montos fijos por factura establecidos por la Resolución ENARGAS N° 2.407/2012 que las distribuidoras continúan facturando y cobrando no deben ser destinados al Fideicomiso de Administración y Financiero celebrado con Nación Fideicomisos sino que, por el contrario, deben ser destinados por las distribuidoras “exclusivamente a actividades relacionadas con la expansión y la confiabilidad de los sistemas, tareas de operación y mantenimiento que contribuyan al cumplimiento de la normativa incluida en el ‘Código Argentino de Gas – NAG’ y a actividades comerciales y administrativas relacionadas con la eficaz atención a los usuarios dentro del área de prestación del servicio“, debiendo destinarse no menos del 30% de los montos fijos a inversiones de expansión del sistema en el marco de un plan de inversiones a ser autorizado por el ENARGAS.

Todas estas medidas, sin embargo, son pequeños paliativos respecto a los problemas de fondo que tienen las distribuidoras.  

En el Sector Eléctrico:

En Generación se han dictado normas que incrementaron el sistema remunerativo, pero se ha limitado la autonomía de gestión operativa y financiera de las empresas. En efecto, el combustible (principal componente de los costos) es manejado totalmente por CAMMESA y, las grandes reparaciones e  inversiones  son direccionadas por la Secretará de Energía.

En Transmisión y Distribución (EDENOR, EDESUR y TRANSENER) se ha implementado un sistema de reconocimiento de mayores costos y de cuadros tarifarios “teóricos” que son reconocidos como un crédito a favor de las empresas, pero que no se pueden trasladar a las tarifas. Este crédito es compensado con deudas que las empresas tienen con CAMMESA por compra de energía, pagos de gastos operativos (como remuneraciones y otros) y para hacer mantenimiento y determinadas inversiones. Si bien, estas medidas solucionaron —en parte— la difícil situación Patrimonial que tenían las Sociedades, derivaron en una total falta de autonomía financiera y de gestión de las empresas y una injerencia cada vez mayor del Estado en la toma de decisiones empresarias.

En las Distribuidoras Provinciales, se han firmado “convenios marco” con el Estado Nacional que implicaron un “congelamiento de tarifas” desde 2014, lo que ha condicionado totalmente la gestión empresarial y operativa de las distribuidoras y cooperativas eléctricas, contra la promesa de obras que se han demorado sensiblemente o directamente no se han concretado.

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